El Ejecutivo evalúa designar a García Mansilla por decreto y debatir el pliego de Lijo en el Senado
El oficialismo cree que cuenta con los votos para que el juez federal sea nombrado en el Máximo Tribunal, mientras que apostarán a cerrar un acuerdo con la oposición para que no rechace la designación en la Cámara Alta.
En el marco del período de las sesiones extraordinarias en el Congreso, desde el Gobierno analizan designar por decreto a Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, mientras que intentarán debatir el pliego de Ariel Lijo en el Senado el próximo 20 de febrero, luego de meses de negociación con la oposición.
Sucede que el Ejecutivo entiende que, en el caso del juez federal, tiene los votos para ser nombrado en el Máximo Tribunal, aunque reconoce que no cuenta con las firmas para emitir un dictamen sobre la candidatura del catedrático Mansilla.
Por esto, en la Casa Rosada apostarán a cerrar un acuerdo con la oposición para que no se rechace su designación en la Cámara Alta.
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Así, la gestión de Javier Milei habría planificado que el período de sesiones extraordinarias dure hasta el 21 de febrero para contar con una semana de receso legislativo, para así tener la posibilidad de nombrar a sus candidatos sin pasar por el Congreso antes del 1 de marzo.
El oficialismo encomendó las negociaciones al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que mantiene contacto con sus pares bonaerenses para el dialogo respecto de los 150 pliegos de jueces federales y el reemplazante de Eduardo Casal en la Procuración General de la Nación.
También hicieron un borrador de la designación de Mansilla, junto con los argumentos jurídicos que respaldan la medida, y el mismo ya fue revisado por la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, que responde al asesor Santiago Caputo.
En Nación quieren un Máximo Tribunal de nueve integrantes y reconocen que ya tienen un nuevo candidato en la mira, en su propuesta de impulsar la ampliación de la Corte Suprema luego del tratamiento de las candidaturas de Lijo y García Mansilla. Este último puesto lo ocuparía el exjuez federal Ricardo Rojas, que el Gobierno quería como reemplazante de Rodolfo Barra en la Procuración General del Tesoro.