Luego de que Amnistía Internacional publicara un informe en el que cuestionó el protocolo antipiquetes implementado por el Ejecutivo nacional, Patricia Bullrich salió al cruce de la organización al considerar que "no entiende nada". Sin embargo, desde la ONG retrucaron: "Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. Tocamos un nervio cuando exponemos los abusos".

"Uso excesivo de la fuerza", fue el título del documento que difundió Amnistía Internacional, en el que aseguraron: "Documentamos diversas situaciones en las que las fuerzas policiales utilizan la fuerza de manera desproporcionada y excesiva mientras ejercen el derecho a manifestarse pacíficamente, en clara violación a los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley".

En consecuencia, Bullrich opinó en declaraciones radiales que la organización "no entiende nada" y la acusó de estar "del lado de los delincuentes". "En un país que hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le dieran un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza, hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así es porque están del lado de los delincuentes", afirmó la Ministra, en diálogo con El Observador.

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"¿Por qué no le preguntan ahora a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros? Que le pregunten también a los mismos piqueteros, que eran llevados y le sacaban una parte de la plata de sus salarios. ¿Por qué no les preguntan a ellos, en vez de hacer un informe absolutamente ridículo?", concluyó la titular de Seguridad.

A través de una publicación en la red social X, el movimiento con presencia en más de 150 naciones continuó el intercambio y aprovechó para mencionar territorios cuestionados por la administración de Javier Milei al advertir: "Entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua". 

"Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia", destacaron.

"Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo", fue la respuesta de la entidad, que aclaró que denuncian "la represión a la protesta social en todo el mundo" y precisó: "Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales".

En este sentido, desde el movimiento aseguraron que repudian "la violencia policial independientemente del gobierno de turno" y detallaron:  "Tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web.".

"Entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos", indicaron antes de recordar "el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso" y subrayaron que se comprobó que quien la había atacado "fue un policía que actuaba bajo el Protocolo Antipiquetes".

Sobre este último, precisaron que "hasta ahora dejó un saldo de al menos 1.100 heridos, 33 impactos faciales, 73 criminalizados y  niños y niñas reprimidos" e insistieron: "Todo está documentado en el criticado informe y en un sitio web".