Casi por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que apunta a fortalecer la Justicia penal federal de la provincia de Santa Fe, y que tiene como propósito implementar el Código Procesal Penal en ese distrito y de esa manera agilizar la resolución de causas vinculadas al narcotráfico y otros delitos complejos.   

La iniciativa que crea 50 cargos entre jueces, fiscales y defensores federales, y contó con el apoyo de casi todos los bloques, cosechó 214 votos positivos y cuatro abstenciones (del Frente de Izquierda), en lo que significa todo un mensaje político en medio de la ola de violencia narco que sacude a Rosario y sus alrededores.   

Al tomar la palabra como miembro informante del oficialismo, el autor principal del proyecto, Roberto Mirabella (Frente de Todos- Santa Fe), destacó que el gobernador de su provincia, Omar Perotti (quien se encontraba presente en la Cámara baja mientras se trataba el expediente), fue quien motorizó la iniciativa al convocar en diciembre de 2021 a todos los diputados santafesinos para "acordar un texto" en común.   

El legislador oficialista destacó que la propuesta de fortalecer el sistema de Justicia Penal Federal de Santa Fe tiene el objeto de "implementar el nuevo Código procesal penal votado en este Congreso en diciembre del 2014 y cuya única aplicación se da al día de hoy en Salta y Jujuy con resultados extraordinarios".   

"Queremos implementar este nuevo Código Procesal Penal Federal en Santa Fe y este proyecto de ley va en esa dirección y en esa perspectiva", enfatizó Mirabella, que detalló que con este proyecto se crearían 27 cargos de fiscales federales, cargos de defensores, jueces de garantía, jueces de revisión y jueces de ejecución penal.   

Para el santafesino, "esto es un salto cualitativo gigante para la provincia de Santa Fe en lo que hace a la organización del sistema federal en cuanto a la persecución criminal".   

Además, recordó que la "estructura federal en Santa Fe hace muchísimo años es igual" y puso como ejemplo las ciudades de Rosario y Santa Fe que permanecen sin cambios "hace 30 años".   

"Este fenómeno que estamos enfrentando que es la narcocriminalidad, el narcotráfico, el lavado de dinero, es un delito que hace 30 o 40 años no existía. Y posiblemente lo que esté pasando hoy en algunos lugares de mi provincia y esta complejidad de la narcocriminalidad no tiene demasiados antecedentes de la dimensión que lo tiene en la Argentina", apuntó.   

"De hecho, según la PROCUNAR, en Santa Fe se tramitan causas de estupefacientes 5 a 10 veces más que cualquier otra provincia. Y de hecho, el 20% de las causas de drogas se tramitan en los tribunales federales de la provincia de Santa Fe. La cantidad de homicidios cuadriplican en Rosario la media nacional. El 80% se explica por ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes", graficó.   

Por su parte, el diputado nacional del PRO Federico Angelini acusó al Gobierno nacional de no ocuparse fehacientemente del problema del narcotráfico, y al respecto señaló que "no lo hacen porque priorizan los derechos de los delincuentes por sobre los derechos de todos los argentinos y rosarinos".   

"El 10 de diciembre de 2023 a todos los responsables que nos llevaron a esta situación se les acaba la joda y la impunidad", provocó el santafesino.   

En tanto, el opositor cargó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por el retraso en la conformación de la comisión bicameral encargada del proceso de implementación del Código Procesal Penal, "beneficiando a los delincuentes y narcos por sobre los santafesinos".   

Angelini recordó que este proyecto había sido presentado en mayo del año pasado, y que desde entonces "nunca fue prioridad del Gobierno nacional tratarlo".   

En este sentido, opinó que lo desempolvaron "ahora que pasó lo del supermercado de la familia (Lionel) Messi", pero advirtió que "casos como los tiroteos a comercios y asesinatos a menores lamentablemente sucedieron en 2020, 2021 y 2022" y "nunca les interesó.   

Para Angelini, "si quisieran solucionar esta crisis en el corto plazo dejarían de lado la ideología, esa lógica que se ha implementando en 16 de los últimos 20 años, y tomarían medidas inmediatas, pero no lo hacen".   

Sobre esas medidas, indicó que hay que "restablecer la inteligencia penitenciaria" dado que "hoy más del 60% de los delitos que se realizan en Rosario se organizan desde las cárceles", y también propuso "volver a los pabellones de presos de alto perfil", así como "saturar las zonas calientes con fuerzas federales y utilizar todos los recursos desde el Estado".   

A su turno, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) coincidió en la importancia de poner en marcha la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal para poder avanzar hacia el sistema acusatorio, y destacó que lo que se está haciendo con este proyecto es apenas "el esqueleto".   

"El trámite en el que estamos, es en ponernos de acuerdo los políticos del Congreso para poner en marcha la Comisión Bicameral", manifestó la diputada del interbloque Federal, que agregó que "lo que tiene que haber es vocación política para terminar con el sistema vetusto que es el sistema inquisitivo".   

Para Camaño, "lo que estamos haciendo es el esqueleto y nos olvidamos de los trabajadores, porque solo se está previendo la cúpula del Poder Judicial, y no se tiene en cuenta a trabajadores para que este sistema funcione".   

Myriam Bregman (Frente de Izquierda) cuestionó el acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio al sostener que "si les importara de verdad lo que pasa en Rosario, no estaríamos discutiendo cargos en un juzgado, estaríamos discutiendo terminar con el negocio del narcotráfico y el movimiento financiero de los capitales que lo originan".    

En sintonía con algunos diputados que lo precedieron en el uso de la palabra, el socialista santafesino Enrique Estévez advirtió que "hay una Comisión Bicameral que es la encargada de implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal que no está funcionado".   

"El narcotráfico es un delito que pone en jaque a la democracia y no vamos a naturalizarlo", exhortó.   

En su intervención, el también santafesino Eduardo Toniolli (Frente de Todos) puso el eje en el "autogobierno policial y su imbricación con el delito" del narcotráfico.   

"¿Por qué no avanzamos con la tan postergada reforma integral de la policía santafesina, sin la cual cualquier otra medida que se tome, por más buena que sea, será insuficiente?", propuso el hombre del Movimiento Evita.   

A su vez, indicó que "la ausencia de una fiscalía federal desde hace cuatro décadas en Rosario favoreció el lavado de activos y el narcotráfico y permitió que muten y crezcan exponencialmente".   

El macrista Alfredo Schiavoni alertó sobre el avance de este delito complejo y al respecto alertó que "los narcos se nos cagan de risa". .   

El misionero celebró esta ley pero señaló que el problema del narcotráfico hay que abordarlo en un sentido federal, porque de lo contrario "lo único que se va a lograr es que los narcos se vayan mudando de ciudad.   

"Los narcos nos disputan parte del territorio, están mejor armados, mejor comunicados que el Estado organizado", advirtió el legislador del PRO.