El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presentó una denuncia penal para que se investiguen los hechos por "los destrozos registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación" tras la aprobación de la Ley Ómnibus el pasado viernes y que, según la administración porteña, generó un costo de "$106.890.000". 

La demanda fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal citadino por el titular de la cartera de Justicia Gabino Tapia, y su par de Seguridad Waldo Wolff, por pedido del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Las autoridades repudiaron también a través de sus redes sociales los daños causados en las afueras del Palacio Legislativo durante y después de la sesión del viernes pasado en la Cámara de Diputados.

En la presentación judicial, los funcionarios instaron al fiscal a que "promueva la correspondiente investigación penal preparatoria y se dispongan todas aquellas medidas conducentes para el esclarecimiento del hecho y la identificación de sus responsables".

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"Dijimos que íbamos a iniciar la denuncia y lo hicimos, reclamaremos el costo de todos los daños porque no vamos a permitir que unos pocos vándalos y delincuentes destruyan la Ciudad", aseguró Macri, quien en su cuenta de la red social X remarcó que "el que rompe, paga".

"La fiscalía tiene a disposición las fotos e imágenes de las cámaras de seguridad para poder identificar a los responsables, hacerles pagar por los daños que causaron y seguir los procesos penales correspondientes", advirtió.

Por su parte, Wolff señaló que solicitaron que "se investigue la comisión de los delitos y contravenciones cometidos el día 2 de febrero del año en curso". A su vez, compartió imágenes de las protestas presentadas a la Justicia "para identificar a quienes cometieron delitos en los incidentes del Congreso" y remarcó: "Es con orden".

En el mismo sentido, el ministro de Justicia aseguró en X: "Nuestro compromiso es asegurar el orden en el espacio público y responsabilizar a quienes dañen el patrimonio y comprometan la tranquilidad de los vecinos. No vamos a permitir que los delincuentes que alteran la convivencia y la integridad de nuestra Ciudad queden impunes". 

Según precisó la denuncia, durante las manifestaciones en rechazo a la aprobación general de la Ley Ómnibus en la Cámara baja se "vandalizaron diversos bienes públicos de la Ciudad, se prendieron fuego vallas de madera sobre la vía pública, como así también tachos y contenedores de basura, se rompieron baldosas de las veredas, para así arrojar objetos contundentes al personal policial".

Además, se obstruyó "la circulación vehicular, se agredió de diversas maneras al personal policial y de otras fuerzas de seguridad que se encontraban abocados a la tarea de asegurar el orden público y se obstaculizó la salida del edificio del Congreso de diversas personas".

"La limpieza, reparación del mobiliario urbano y ordenamiento de la zona afectada por los violentos en la manifestación, implica un costo para la Ciudad de 106.890.000 pesos. Vamos a hacerles pagar este costo a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos", indicó el jefe de Gobierno porteño.

El ministerio de Seguridad de la Nación, comandado por Patricia Bullrich, confirmó junto a su par porteño el sábado pasado que 31 personas fueron detenidas por los incidentes, protagonizados por algunos integrantes de agrupaciones de izquierda que rechazan la ley en debate, que se enfrentaron con efectivos policiales.