Cuatro días de gracia: en libertad, presiona la Justicia a Cristóbal y le saca la caja de Oil
Tres días después de que Cristobal López saliera en libertad, un juez comercial dispuso la intervención de una de las empresas insignia del Grupo Indalo: Oil Combustibles S.A. La decisión significa el apartamiento de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, que eran gestores pero cuyos movimientos dentro de la empresa fueron duramente cuestionados.
Según sostiene el juez Javier Cosentino, los tres coadministradores que habían sido nombrados para controlar la compañía verificaron varias irregularidades desde el ingreso de Rosner a Indalo. Hicieron foco en contratos por servicios profesionales externos que fueron realizados en beneficio de terceros y de otras sociedades del Grupo Indalo pero donde los honorarios fueron pagados por OIL.
Lo que afirma el juez, en base a la información que le proveyeron los coadministradores, es que se aprobaron honorarios por 22.814.055 pesos, un monto mucho mayor y con una pérdida mucho más significativa que antes del ingreso de Rosner a la empresa. Otro de los puntos cuestionables es que se paralizó la refinería (como en el caso preocupante de la ubicada en San Lorenzo, Santa Fe), lo que produjo una desabastecimiento de las estaciones de servicio que dependen de la empresa.
La resolución del juez le da mucha importancia a los números: el pasivo post concursal que tenía OIL asciende a unos 287 millones de pesos mientras que los gastos corrientes llegar a ser de 2.700.000 dólares. Lo que queda en claro con la resolución es que Cosentino no confía en el manejo que hizo Rosner de la compañía y por eso decide apartarlo de ese rol de gestor, ya que considera que la empresa está en un estado de "cesación de pagos”.
Ahora, Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi pasaron a ser administradores plenos, lo que les dará un control total de la compañía intervenida. Esta situación va de la mano con la causa en Comodoro Py que tienen López y Fabián De Sousa por retener impuestos en lugar de pagárselos a la AFIP. Ese expediente es el que mantiene todos sus bienes inhibidos y sin poder realizar movimientos.
Lo que aún no queda claro es como jugará el Gobierno luego de esta decisión. Según las últimas declaraciones de Mauricio Macri, no parece demasiado interesado en salvar a Indalo de la situación preocupante que atraviesa. Otra ala del oficialismo no comparte esta visión. En el medio, hay más de diez mil trabajadores que no saben cuándo van a poder regularizar su inestable situación laboral