"¿Estás segura de que fue así?”. La pregunta la hizo el secretario de una fiscalía hace unos meses. Enfrente estaba Belén, una joven de 26 años que fue hasta la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema a denunciar que su novio la había abusado. Dentro de Tribunales, la deconstrucción y la perspectiva de género todavía escansean.

La falta de mujeres en puestos de poder, la poquísima capacitación en género (aunque hace dos semanas se firmó un convenio con la Corte Suprema para implementarla), la escasa renovación de personal y el difuso enfoque en los exámenes para acceder a cargos como los de jueces o fiscales hacen que el sistema de administración de justicia sea quizás el más patriarcal y desigual de los poderes.

A nivel federal, según un estudio que realiza anualmente la Oficina de la Mujer de la Corte, hay un 55 por ciento de mujeres dentro de la estructura del Poder Judicial, pero sólo una de cada tres llega a ser jueza. En el caso del Ministerio Público Fiscal, las mujeres fiscales representan el 40% de los cargos. La Defensoría General es el único lugar donde el techo de cristal parece haberse resquebrajado: las defensoras son más de 800 mientras que los hombres en ese puesto no llegan a 700.

Si ponemos la lupa en las cámaras federales, la situación es aún más desalentadora: en Mar del Plata no hay representación femenina alguna. En las cámaras de La Plata, Córdoba, Bahía Blanca, Tucumán, Rosario y San Martín, el porcentaje está por debajo del 20%. Una sola mujer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es, entonces, un hecho fortuito sino una cuestión casi natural dentro de este ambiente, aunque haya sido el Poder Ejecutivo Nacional el que no propuso ninguna mujer cuando tuvo la oportunidad de renovar dos sillones del Máximo Tribunal.

¿Por qué no llegan las mujeres si son mayoría en los cargos de secretaria, el nivel previo a ser jueza/fiscala? Además de lo conservador que es el sistema a la hora de seleccionar nuevos integrantes, el momento en que las mujeres deciden ser madres coincide con la instancia en que podrían estar académica y laboralmente "aptas” para presentarse a examen. Ese "retraso” por quedarse en el hogar las ubica por debajo muchas veces de sus colegas hombres.

Otro de los factores es la poca perspectiva de género en los concursos. ¿Qué se les pregunta a las y los aspirantes a jueces que se presentan en el Consejo de la Magistratura? No suelen ser frecuentes las preguntas sobre femicidios, género, o cómo abordar a una víctima de violencia. Cabe resaltar que el Consejo está compuesto por 13 integrantes y sólo 4 son mujeres (3 de las cuales votaron en contra de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito).

El otro factor a analizar es cómo se toman y se resuelven los casos de mujeres víctimas de violencia. De acuerdo a un trabajo que hizo la Dirección General de Políticas de Género de la Procuración General, el archivo de las causas donde las mujeres es la salida más común junto con el sobreseimiento de los denunciados. De 158 casos que ingresaron, sólo en el 4% se dictó una sentencia condenatoria. Lo que es más grave es que según este relevamiento, en un 21% de los casos se volvió a realizar una denuncia por violencia. "Esto permite inferir que, al menos en un porcentaje importante de casos, la intervención de la justicia no permitió prevenir la sucesión de nuevos hechos de violencia”, aseguran

Hay que sumar al análisis el hecho de que las mujeres que se presentaron a denunciar lo hicieron luego de sufrir varias agresiones, lo que demuestra que gran parte de los episodios violentos no llegan a lo judicial. "Esto puede deberse a diversos factores, como la naturalización de la problemática; la dependencia económica y/o emocional”, apuntan.

Quizás lo más grave es cuando las víctimas deciden retractarse de las denuncias, lo que automáticamente se convierte en el fin de la causa. Paradójicamente, la declaración y el testimonio de la mujer no alcanza siquiera muchas veces para que el expediente avance. Ni siquiera se tiene en cuenta que esa retractación puede ser parte del llamado "círculo de la violencia”, del temor a represalias o una posible dependencia económica.

La desconfianza en el sistema de justicia no sólo es por la causas de corrupción. ¿Por qué una mujer víctima se presentaría a declarar una y otra vez si en varias oportunidades su denuncia no fue tomada en cuenta? ¿Confiaría en el sistema si ni siquiera la escuchan, a pesar de que existen varias leyes que obligan a tomar en cuenta la opinión y la palabra de la mujer? 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las condenas por femicidios han mostrado cierta perspectiva y apertura en cuanto a género se refiere, más que nada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la creación de una fiscalía especializada en el tema. Claro que sin jueces, juezas, fiscales, defensores, defensoras, abogadas y abogados que se capaciten, las deudas que tiene actualmente el sistema judicial con las mujeres no podrán ser nunca saldadas.