Como parte de la nueva etapa, este año por primera vez funcionarios de íntima confianza de Alberto y Cristina Fernández se mostraban dispuestos a asistir a Expoagro, la semana próxima, en el autódromo de San Nicolás. A la presencia confirmada del Banco Nación, que durante el cristinismo estuvo ausente en la feria que organizan Clarín y La Nación, se sumaban la disposición de Luis Basterra y la de dirigentes que hace 12 años estaban tomados por la confrontación con el ruralismo.

Aún con las compensaciones anunciadas, la decisión de aumentar las retenciones a la soja del 30 al 33%, tal como lo autorizó la ley de diciembre pasado, pone a prueba los ánimos de conciliación que comparten las viudas de la Mesa de Enlace.

Corrió mucha agua debajo del puente y el contexto es otro, bastante peor, con más recesión, más pobreza y más deuda. Pero la soja sigue siendo la que define el humor en el mundo del agronegocio. Algunos, que eran piqueteros en el 2008, pasaron a ser fiscales de Cambiemos, se convirtieron en funcionarios o son concejales de la alianza opositora en sus pueblos agrícola-ganaderos.

La dirigencia del campo hoy es otra y está dividida como lo atestigua el caso de Eduardo Buzzi. Dependerá del peso del macrismo agrario que encarnan Luis Etchevehere, Ricardo Buryaile y Alfredo De Angeli, del ánimo de las bases no alineadas y de imponderables como las compras que China decida en función del coronavirus. Dueñas absolutas del negocio, las cerealeras miran el conflicto potencial a la distancia y buscan asegurarse sus márgenes de exportación.

Al beneficio gigantesco de no declarar las divisas que remitían al exterior durante la gestión Macri, le sigue el intento de conservar el impuesto en el 30% para la harina y el poroto de soja, un subsidio a la ganancia de las exportadoras.

Mientras busca evitar un choque, la Mesa de Enlace vuelve a alumbrar una zona para la que -como el de Macri- el gobierno de Fernández no tiene por ahora respuesta: los beneficios para las mineras, las petroleras y los bancos.

Si funcionarios como Nicolás Dujovne, con pasado en el Galicia, explicaban la debilidad amarilla por las entidades financieras, desde el peronismo cuesta más encontrar argumentos.  Aunque el concepto de solidaridad se haya incorporado a las leyes y la burocracia, las desigualdades son elocuentes.

Las jubilaciones de privilegio resultan el caso más irritante para un sistema previsional que fija subas por decreto hasta nuevo aviso y ajusta a los que ganan apenas por encima de la mínima.

A los regímenes especiales de la corporación judicial, que dominan las pantallas, se suma el de la distinguida familia diplomática. Lo acaba de comprobar el excanciller Jorge Faurie que, como funcionario de carrera, ya tiene listo el cálculo de sus haberes: 450 mil pesos por mes, según el monto que ya llegó a las alturas del Palacio San Martín. Más allá de sus discutibles servicios, lo del ex jefe de Ceremonial de Carlos Ruckauf no es una excepción.

Foto NA

En Juntos por el Cambio lo saben porque Macri también tuvo en sus manos un proyecto para recortar los haberes del sector y, finalmente, no se animó a avanzar. Hoy un embajador de carrera en el exterior gana en promedio 13.500 dólares por mes, más de un millón de pesos cada 30 días, de acuerdo a la cotización del dólar solidario. En un destino C, como pueden ser Japón o China, un embajador puede percibir hasta 16.000 dólares y un secretario alzarse con un botín de 11.000 dólares. Para los no diplomáticos, las fuentes discrepan: mientras el gobierno habla de 8900 dólares por mes, en la oposición dicen 5000.

Muchísimo, de todas maneras, para una Argentina de salarios registrados que cayeron 8,4% en 2019 y perdieron 20 puntos con la inflación en la era Macri.

Exentos del pago de impuestos en el país al que son destinados, en residencias propias de una aristocracia congelada en el tiempo, los funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores sólo gastan en la comida y se sienten -con razón- como una casta superior. A su favor, argumentan que pagan Ganancias y que extrañan a su familia, algo que algunos resuelven casándose entre similares.

Exentos del pago de impuestos en el país al que son destinados, en residencias propias de una aristocracia congelada en el tiempo, los funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores sólo gastan en la comida y se sienten -con razón- como una casta superior.

La reforma que propuso la oposición y ahora Fernández toma como propia con más convicción que nadie, genera cortocircuitos en todos los ámbitos. Que lo diga sino el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, que recibe las quejas de su esposa, la camarista previsional Victoria Pérez Tognola. Dicen en Tribunales que miles de expedientes iniciados por judiciales van a caer en el fuero de la Seguridad Social. Desde que CFK la nombró en 2009, Pérez Tognola no registraba tanta actividad a su alrededor.

Todo es nada, sin embargo, comparado con las ganancias de lo que el economista Carlos Leyba definió ante Jorge Fontevecchia como “la nueva oligarquía de los concesionarios”: “Son las nuevas fortunas argentinas. Ninguna tiene más de 35 años de origen. No son las fortunas de la oligarquía ganadera. Esta gente que tomó este poder hoy por hoy tiene una llave maestra en cuestiones como el tema de las tarifas o subsidios, el precio del petróleo, también en la cuestión de los bancos. Ese poder económico concentrado influyó enormemente en las decisiones políticas de los últimos años. Determinaron muchas cosas porque hay una suerte de conjuro entre el estancamiento del tipo de cambio y el beneficio de la oligarquía de los concesionarios. Es algo muy distinto de la vieja oligarquía ganadera, que tenía que competir con los socios de la corona”.

Único sobreviviente del equipo que diseñó el Pacto Social de José Ber Gelbard, Leyba aludía así a los beneficiarios principales de un aumento de tarifas que, según dijo Fernández en el Congreso, osciló entre 2000 y 3000 % entre 2015 y 2019. Mientras se reciclen como auspiciantes de la Argentina solidaria, las desigualdades serán difíciles de revertir.