Carlos Menem está a un paso más cerca de recibir otra condena más. Los dos fiscales que están a cargo del juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA terminarán con su alegato y pedirán que se condene al ex presidente, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez Juan José Galeano.

Menem no asistió prácticamente a ninguna de las audiencias. Tuvo que hacerlo obligado cuando se iniciaron los alegatos, hace casi dos meses. "Por la excepcionalidad y trascendencia de la causa, se imponía que el proceso se desarrollara de una forma transparente y con un particular apego a las garantías y derechos reconocidos en nuestra constitución”, dijo la fiscalía cuando comenzó su exposición y agregó: "nada de ello ocurrió en la causa AMIA”.

Menem tiene otras dos causas donde aún falta definir la confirmación de la condena: sobresueldos y el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Para los tres representantes de la fiscalía (Roberto Salum, Leonardo Filippini y el fiscal ad-hoc Miguel Yivoff), desde el Poder Ejecutivo se demoró e interrumpió la investigación del atentado, en lo que luego se denominó erróneamente como la "pista Siria”.

La clave es Kanoore Edul, un hombre cercano al entorno del presidente y que se tenía vínculos con el principal sospechoso de los hechos, el ex Consejero Cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán en Argentina, Moshen Rabbani. El mismo día que Edul fue allanado en la causa principal, Galeano recibió una llamada y automáticamente la investigación sobre él se paralizó.

Eso no fue todo: se interrumpió otro allanamiento, dejaron de intervenirse sus teléfonos, se destruyeron los cassettes con las escuchas que había hasta ese momento y hasta desaparecieron las transcripciones que ya estaban en el juzgado.

Esa maniobra, orquestada desde el Poder Ejecutivo, involucró según la acusación al ex secretario de la SIDE Hugo Anzorreguyy a su segundo Juan Carlos Anchezar y al ex comisario Carlos Castañeda. Para tener en cuenta: se presentaron informes falsos sobre las escuchas en los que no se informaba sobre los llamados que demostraron que el día de los allanamientos, familiares de Kanoore Edul fueron hasta la Casa Rosada a pedir ayuda.

La otra trama del juicio se refiere al pago de los 400 mil pesos (que venían de la SIDE) a Carlos Telleldín para que diera una indagatoria "consensuada” en la que debía involucrar a policías de la provincia de Buenos Aires por el atentado. La acusación involucra a Anzorreguy por peculado; al ex juez Juan José Galeano; a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; a Víctor Stinfale; y a Ana María Boragni, pareja de Telledín, como partícipes necesarios y a Patricio Finnen y Rubén Beraja como partícipes secundarios.