La vicepresidenta Victoria Villarruel apoyó la decisión del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, de poner en marcha una auditoría integral para revisar todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado. Según el funcionario, algunas investigaciones ya revelaron que "más de 100" casos  no contaban con la documentación necesaria.

"Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH (Derechos Humanos)", afirmó la Vicepresidenta desde su cuenta de X.

En la misma publicación en redes sociales, remarcó la importancia de "auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones".

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Villarruel ratificó su posición a través de un mensaje en el que citó una publicación suya del 23 de marzo pasado, en la que ya había adelantado que "numerosas indemnizaciones se otorgaron a desaparecidos y familiares que requieren una revisión valiente por parte del Estado".

"Roberto Haymal montonero, fue asesinado x los mismos montoneros sin embargo cobró indemnización. El dolor no habilita al fraude", había aseverado entonces.

La nueva reacción de la vicemandataria surge del comunicado difundido desde la cartera de Justicia el lunes por la noche, cuando se informó que "el Ministerio determinó llevar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago" de resarcimientos a víctimas del terrorismo de Estado.

Entre los fundamentos, los dirigidos por Cúneo Libarona mencionaron la causa "Martínez Moreira, Adrián y otros, sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y Correccional Federal. 

"A su vez existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido" afirmó la cartera judicial.

Al respecto, el Ministro aseguró que descubrieron "más de 100" casos confirmados "de gente que con documentos falsos, testigos falsos y formularios falsos percibió más de USD 150 mil en concepto de indemnización".