Mientras la opinión pública argentina es anestesiada por el juicio de Fernando Báez Sosa, la política comienza un año decisivo: año electoral que muy probablemente determine cambio de gobierno nacional y, posiblemente, también alternancia en varios gobiernos provinciales. Además, si hay un triunfo arrollador, como el que pide el diputado nacional López Murphy, la configuración del Congreso nacional también será bien diferente. 

El gobierno de Alberto Fernández decidió exponer esta semana toda su debilidad mediante la aceleración de su pelea contra la Corte. El afán de probar lo contrario lleva una y otra vez al ejecutivo nacional a intentar acciones políticas que le terminan causando todavía más daño. Tómese el solo hecho de exponer más su imposibilidad para conseguir algo, en este caso por un revés judicial en la Corte por la quita de fondos de coparticipación. Dicen los encuestadores (y repiten los comunicadores) que la justicia en Argentina no goza de la mejor imagen; pero difícilmente el gobierno nacional pueda mejorar la suya atacándola a partir de fallos adversos. 

¿Qué busca entonces el gobierno de Alberto Fernández en esta embestida contra la Corte? Lo más evidente parece ser la sobrevida en la agenda pública. El kirchnerismo se convenció hace mucho tiempo, con éxito dudoso, que lo importante es dominar la agenda de temas que la sociedad discute. El grave error, muchas veces, es pensar que la discusión de la política, de los políticos, de un segmento minúsculo sobreinformado, es trasladable a las mayorías. Los temas que concitan mayor interés, y no en el mejor sentido, popular, están más bien ligados a la economía y la seguridad. Pero el gobierno de Alberto Fernández ha registrado la caída del consumo de carne más importante en 100 años y eso obedece indubitablemente a la caída del poder adquisitivo del salario. El gobierno pelea, infructuosamente, contra ese gigante. 

El primer kirchnerismo de Cristina, y en menor medida el segundo también, cuando buscaba retomar la iniciativa realizaba mega anuncios de obra pública, de los que ahora sabemos muy bien quiénes eran los principales beneficiarios, y cuántas de verdad nunca sucedían; o, por ejemplo, caían los anuncios de la Ley de Medios que iba de lleno contra uno de los principales holdings de la Argentina y el principal de medios por mucho. Ahora intenta darle una comidilla para pocos promoviendo un juicio a la Corte cuando el país padece una inflación descomunal. La más alta desde 1991.

Como si fuera poco, desde el anuncio del juicio político al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que ahora parece extenderse a todo el tribunal, el presidente Alberto Fernández ha ido perdiendo uno a uno y de modo catastrófico los apoyos de gobernadores para su cometido. De 18 ahora solo son 11 los gobernadores que formalmente apoyan semejante disparate y, sacando a Larreta, solo tres gobernadores no pertenecen al peronismo.  

Además, el gobierno de Alberto, un poco, se vuelve a disparar en el pie con esta decisión insólita de avanzar contra el presidente Rosatti. Naturalmente, este show para el oficialismo corre alto riesgo de redundar en una contraprestación de la oposición que sería frenar el tratamiento de los otros proyectos de ley que el Ejecutivo Nacional planea mandar al Congreso. 

Entre otras cosas, está la bendita ley de blanqueo del Presidente Blue Sergio Massa, que no debería tampoco estar contento con la llegada al país este jueves de un avión de la aerolínea venezolana Conviasa sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. El proyecto Massa, además de perdonarle deudas a sus amigos, es producir una mejora real de la economía que permita cambiar el humor social y que de esa manera se vuelva competitivo para las presidenciales. 

Créase o no, entre las herramientas disponibles del ministro de Economía, quizás no para revertir, pero sí para mejorar la realidad político-económica que redunde en un descenso de la inflación, una escala muy importante es llevarse bien con Estados Unidos. No como dijo el gobernador Quintela para referirse a la relación entre la UCR y el PRO, y que Argentina sea una prostituta barata de Estados Unidos, sino porque Argentina sola no puede.

El financiamiento externo y la buena relación con Estados Unidos son clave para la política económica de Massa. Por eso, el Boeing 747-400 camuflado como venezolano (pero en verdad iraní) que está sancionado y además ahora con un pedido de secuestro por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, permanece, y así será por largo tiempo, en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El éxito o fracaso de la política económica de Massa es la clave para saber si él será, por dentro o por fuera del Frente de Todos, Sergio 2023 o 2027. 

Algunos desconfiados dicen que, además de sobreactuar, Alberto Fernández un poco le hace agujeritos al barco Massa 2023, y que eso también explica decisiones insólitas como ir contra la Corte o hacer la vista gorda y dejar ingresar funcionarios de Maduro, promover la CELAC y meter aviones, digamos así, prohibidos en los Estados Unidos. En el fondo, pero cada vez más en la superficie, Alberto sabe que el éxito de Massa no lo empuja para arriba a él, empuja solo al superministro. 

La embestida contra la Corte plantea un problema estructural a resolver. Los fondos que arbitraria e ilegalmente, según sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Fernández le sacó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron a parar a La Provincia. Hay que recordar que este artilugio que llevó adelante Alberto fue en el contexto de oficiales bonaerenses rodeando la Quinta Presidencial de Olivos. El gobernador Axel Kicillof carecía de los fondos necesarios para arreglar un problema económico que por su incompetencia no había podido advertir que se le iba a transformar en un mega problema político que ponía en jaque cosas muy sensibles, en una provincia ya muy complicada, con la seguridad y en donde el tema policial atraviesa una diversidad de conflictos que indefectiblemente tocan el centro de la estabilidad política, no solo de Kicillof sino de cualquier otro gobernador de la provincia. 

Los administradores del futuro podrían aprender de este conflicto que estas son las cosas que pasan cuando se intenta resolver un problema estructural con una decisión de coyuntura. La contracara es el problema que le generó a la Ciudad y que ahora esta debe resolver. Como ya sabemos, Horacio Rodríguez Larreta. inicialmente para poder seguir con la administración, como hasta entonces, comenzó a cobrar una tasa por el uso de tarjetas de crédito emitidas en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, se comió el fastidio y la bronca, bastante moderada hay que decir, de la creación de un nuevo impuesto. Ahora, como se había comprometido, justo después del fallo de la Corte, anunció, y envió el proyecto a la Legislatura que eliminaba ese impuesto a las tarjetas. Generando un, también moderado, clima de buena onda y mucha ganancia política de quien a) baja o elimina impuestos y b) cumple sus promesas. 

Con el Presidente desacatando el fallo del máximo tribunal primero y ahora ofreciendo este pago con patacones, la Ciudad tuvo también que dar marcha atrás, aunque con menor o sin costo político que el que enfrenta por sus erráticas decisiones el deteriorado presidente de la nación. Consultado por el director de la editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, respecto de cómo imagina que se resuelve este problema, Larreta  no se mueve y una y otra vez asegura que este tema debe resolverlo la Corte. El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio insistió hasta el cansancio de su entrevistador que es la Corte quien debe encontrar los mecanismos para que su fallo se haga efectivo. El problema es que la Corte no tiene policía ni el funcionamiento institucional de otros estamentos de la Justicia en los cuales se envía a esta para hacer, por ejemplo, un desalojo. El vacío al cual nos ha empujado la administración Fernández es monumental. 

Pero, por otro lado, le plantea un nuevo problema al jefe de Gobierno porteño, porque este ahora debe mostrar cómo consigue lo que él mejor vende: acuerdo político mediante el diálogo y el consenso.

Larreta, frente a sus adversarios que parecen con posiciones más principistas, vende diálogo, consenso y fundamentalmente gestión. Más aún, el jefe de la CABA promueve que el éxito de la gestión está basado en los pilares previos. Pues bien, agotada la instancia judicial, que le valió un final bastante amargo para lo que era su mejor semana como precandidato a la presidencia, tanto es así que haciendo larretismo puro ni siquiera echó a su funcionario D’Alessandro sino que le pidió que se tome una licencia. Ahora debería poder mostrar cuales van a ser sus definiciones políticas al respecto. Eso era lo que quería sacarle Fontevecchia y, una vez más, la respuesta de Larreta parece ser la de otras tantas veces, patear la pelota afuera. Pero eso no es gratis para su imagen como candidato: hasta la socia menos pensada, Elisa Carrió, le recriminó por su comportamiento con su ministro de Seguridad.

Este viernes por la noche, en el canal del Grupo Clarín, el auditor Miguel Angel Pichetto aseguró que la candidatura de Mauricio Macri lejos está de estar muerta. Un panelista joven del programa La Rosca le repreguntó: Pero Miguel…, para lo que se viene se van a necesitar grandes acuerdos políticos, ¿cómo imagina que eso pueda pasar si está Macri en el gobierno nuevamente?. Larreta no podría haber planteado mejor el problema. El ex senador Pichetto le respondió: “Yo creo en los liderazgos fuertes más que en el buenismo”.

En verdad, lo que plantea Pichetto es el centro del problema que deberán definir, de mantenerse todas las candidaturas tal como están ahora, los votantes en las PASO. Qué tipo de liderazgos se van a elegir para enfrentar los desafíos del 2023 hacia adelante. Liderazgos fuertes que expresen valores y principios muy claros de antemano y que parezcan irrenunciables, algo que después siempre cambia en la gestión, versus una flexibilidad a prueba de cualquier cosa que esté al servicio del acuerdo para poder gestionar el Gobierno. 

En ese sentido estamos más cerca de saber si Larreta no se equivocó al envalentonarse en su presentación en Uspallata, sede del gobierno porteño, afirmando que este era el camino, que la grieta era un negocio de aquellos que no quieren o no pueden resolver los problemas y que no hace falta levantar la voz para arreglar las cosas. La tesis de Larreta es que la tortilla sí se puede hacer sin romper huevos. Como ya dijimos: próximamente sabremos si tenía razón.