La Cámara de Casación Penal declaró “inadmisible” un nuevo planteo por parte de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra el camarista federal Mariano Llorens, quien con su voto abrió la posibilidad de retomar la causa rotulada “Ruta del Dinero”.

El reclamo había partido de una votación en la que los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, con la disidencia de Eduardo Farah, habilitaron el ingreso de la Asociación Civil Bases Republicanas -una ONG conformada por exfuncionarios del PRO- como parte querellante, lo que activó la apelación al sobreseimiento de la exmandataria.

Tras esa incorporación, la Cámara Federal porteña a mediados de agosto aceptó revisar la situación de la vicepresidenta en la causa, a más de 10 años del inicio de la investigación. Al darle lugar al pedido de Bases Republicanas, Fernández de Kirchner quedó a un paso de ser involucrada nuevamente en la causa en la que ya se condenó al empresario Lázaro Báez. 

Ahora, la expresidenta había planteado el recurso de recusación contra el voto de Llorens porque entendía que existía una posible “parcialidad”, pero el Tribunal no hizo lugar al pedido. 

El camarista Gustavo Hornos, quien rechazó el pedido, declaró: “El remedio extraordinario presentado no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos”.

El intento por parte de la defensoría de que el recurso pueda ser planteado ante la Corte fue desestimado por Hornos, quien agregó: "Es doctrina del Máximo Tribunal que, por regla, no procede el recurso extraordinario respecto de lo resuelto sobre planteos de recusación ni se ha demostrado en el caso que corresponda excepcionar ese principio”.

Fernández tiene una última vía posible para solicitar la inadmisibilidad del voto de Llorens y es la de recurrir “en queja” ante la Corte Suprema de la Justicia. 

La vicepresidenta se encuentra próxima a ser nuevamente una de las principales acusadas en un proceso en el cual Báez fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero. 

Tiempo atrás, la exmandataria había sido sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, quien -luego de más de una década de investigación- entendió que no había suficientes pruebas para acusarla. 

A pesar de esto, ahora Fernández volverá a estar en el ojo de la causa, a instancias de la incorporación como querellante de la asociación civil relacionada con el PRO.