El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó este miércoles a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y a la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros, por la contratación de familiares y de la numeróloga “Pitty”. Sólo a esta última, y según ella misma reconoció, le pagaron $1.800.000 por seis meses de asesoría.

La causa tiene su origen en una denuncia realizada el último martes por la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, quien acusó a la economista y a la contadora de cometer los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y peculado”.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Ocaña sostuvo en su denuncia que las funcionarias “habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del Directorio” del banco al contratar a Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty, la numeróloga” para un “curso de coach”. Esta última reconoció haber recibido $1.800.000 por una asesoría ligada al ”coaching" y la “matemática”.

"Tuve la entrevista como cualquier hijo de vecino, online, tuve que presentar mi CV, tuve que hablar con gente del banco para que yo ofrezca un presupuesto, me bajaron el presupuesto y yo, para agarrar el trabajo, lo bajé a la mitad”, señaló la numeróloga en declaraciones a Radio Mitre. 

“Terminé ganando la mitad de lo que yo cobro. De cualquier manera, a mi me parecía que era currículum para mi trabajo”, agregó sobre la contratación del Banco Nación, que aclaró que fue por actividad de “coaching”, y que ella es “una empresaria joven” que tiene todos sus papeles en regla.

En el expediente, Ocaña también mencionó la designación del exmarido de Batakis, Héctor Javier Silva, como “Gerente de Sistemas del BNA”, además del nombramiento del hijo de Barros, Juan Pablo Pedemonte, “al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA”.

A su vez, cuestionó la contratación de Maximiliano Piantanida, amigo de la gerenta general de la entidad, para ocupar el cargo de Gerente Departamental del Banco Nación, como así también el aval de Batakis para que la contadora cobre un sueldo mensual de $900.000.

Por medio de una petición publicada en la plataforma Change.org, Ocaña reveló que el pasado 13 de septiembre presentó un pedido de acceso a la información pública en el que solicitó al Banco Nación detalles “sobre el presunto ‘festival de contrataciones’ divulgado en investigaciones periodísticas” y agregó: “No les sorprenderá que la institución haya hecho absoluto silencio y no diera respuesta alguna”.

“No sólo se habrían contratado amigos y familiares por cifras siderales, sino también a una ‘numeróloga’ para servicios personales, que pagamos todos los argentinos. Exigimos su renuncia y también que rindan cuentas a la sociedad como corresponde”, denunció la legisladora opositora.

La causa recayó en el juzgado federal 9 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti, aunque por una licencia de la magistrada quedó a cargo el juez Daniel Rafecas. Según indicó Télam, las fuentes precisaron que en el marco de la investigación se ordenó la búsqueda de documentación sobre las contrataciones y nombramientos denunciados.