La expresidenta Cristina Kirchner pidió la indagatoria de tres ejecutivos de la empresa Caputo Hermanos en la causa en la que se investigan actividades violentas, amenazas e intimidaciones por parte de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, presuntamente vinculada al intento de magnicidio ocurrido en 2022. 

Mediante un escrito firmado por sus letrados José Ubeira y Marcos Aldazábal, la exvicepresidenta se opuso a un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró que ya no quedan pruebas por hacer.

"Dados todos los puntos oscuros y sin justificar de la operatoria de Caputo Hermanos con Jonathan Morel, es hora de que Rosana Caputo y, luego, Flavio Caputo y Jimena Caputo sean citados a prestar declaración indagatoria", alegaron.

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Además, los abogados de la exmandataria reclamaron medidas de seguridad para ella y su familia, especialmente para su hijo y diputado, Máximo Kirchner, cuyo despacho fue rodeado por diez allegados a ese espacio cuando se discutió la Ley Ómnibus en la Cámara baja, según denunciaron: "Debe prohibirse a los imputados acercarse a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que deben rastrearse sus movimientos mediante dispositivos electrónicos".

Horas después, se supo que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le dio lugar al reclamo y les prohibió a los referentes del grupo ultraderechista acercarse a Cristina y a sus allegados "bajo apercibimiento de revocarse la excarcelación oportunamente otorgada", en una medida que alcanzó a Morel, a Leonardo Franco Sosa y a Gastón Ezequiel Ángel Guerra.

Sobre la seguridad del entorno familiar, los abogados de la dirigente peronista recordaron que "durante el transcurso de la sesión del miércoles 31 de enero, por lo menos 10 personas afines y cercanas a la agrupación fundada por Morel y Sosa se acercaron al despacho del diputado Máximo Kirchner para observar y sacar fotos".

"Entre ellas estaba Dalila Monti, novia de Jonathan Morel al momento de su detención, en 2022. Estas personas fueron retiradas por personal de seguridad y personal del propio despacho del diputado. Lo mismo sucedió los días siguientes", afirmaron.

Asimismo, alegaron que, "desde que los miembros de la fuerza política que hoy gobierna ganaron las elecciones, Sosa y su grupo, que los acompañan fervientemente, han adquirido una evidente sensación de impunidad y accionan en consecuencia".

En cuanto a la investigación del entramado en torno a este grupo, presuntamente ligado al intento de asesinato de la entonces vicepresidenta ocurrido en septiembre de 2022, el documento considera que se está "lejos de llegar a un estado procesal en el que el Ministerio Público Fiscal no tenga nada más que hacer". "Por el contrario, el fiscal todavía tiene mucho trabajo por delante y solicitamos que lo lleve a cabo", exhortaron.