El juicio por la expropiación de YPF fue suspendido hasta nuevo aviso. La jueza del sur de Manhattan, Lorena Pretska, decidió dilatar el proceso hasta que se conozca el nuevo gobierno argentino. La decisión significa una suerte de alivio para el país, que tendrá tiempo hasta el 7 de enero de 2020 para justificar por qué el litigio se debe trasladar al territorio nacional.

Tres meses atrás, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó mudar el fallo hacia Argentina y decidió que continuara en Nueva York. Aquel fallo fue un golpe para el gobierno de Mauricio Macri, que apostaba que el fondo buitre Burford Capital desistiera de proseguir con una demanda valuada en U$S 3.000 millones, en caso de que el conflicto emigrara a juzgados nacionales.

Los abogados del país emitieron un pedido denominado "forum non conveniens" para explicar que la estatización fue un acto soberano que sucedió en Argentina, por lo que no hay razones para juzgarlo en el extranjero. Lo que ocurrió fue una extensión de los plazos: las querellas de Burford tendrán tiempo para contestar hasta el 7 de diciembre -y no el 30 de octubre-, y la respuesta del país podrá llegar en 2020 -y no el 30 de noviembre de este año-. 

El 27 de diciembre de 2011 Cristina Fernández de Kirchner se reunió con Sebastián Eskenazi, exCEO de YPF. La familia Eskenazi había adquirido el 25% de la compañía a fines de 2007, en una compra que costó US$ 3.000 millones y fue financiada casi en su totalidad por dos créditos, uno de Repsol y otro de distintos bancos. 

En medio del déficit energético que atravesaba Argentina, la expresidenta avanzó con la estatización. Cuando la petrolera pasó a ser controlada por el Estado, los dividendos dejaron de ser destinados a las compañías que financiaron la compra de los Eskenazi y pasaron a ser reinvertidos para aumentar la producción nacional, lo que supuso un duro golpe para la familia, que aún adeudaba gran parte de los créditos pedidos para comprar las acciones de la empresa.

"Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a USD 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!".

Enérgico, aquel fue el discurso del flamante candidato a gobernador de la Provincia, cuando el Senado aprobó la expropiación, el 17 de abril de 2012, con más de 200 votos positivos.

Si bien el periodista de La Nación, Mariano Obarrio, consignó en ese entonces que Kicillof le había dicho a Cristina que el gasto para el país por la operación sería de "cero pesos", el exministro de Economía afirmó en su disertación en el Congreso que se pagaría el valor que determinara el Tribunal de Tasaciones de la Nación.