No son días de buenas noticias en el frente judicial para YPF. El acuerdo con la empresa Exmar para alquilar un buque de licuefacción (convierte el gas a estado líquido) finalizó con el anuncio de la petrolera que rescindirá el contrato con un costo por el pago de una indemnización de US$150 millones.

En el contrato fijaba que la petrolera pagaría entre US$5 y US$8 millones por mes a la compañía belga por tener la barcaza amarrada en el puerto de Bahía Blanca. El buque Tango FLNG llegó al país en febrero de 2019 y la primera exportación de gas líquido fue en septiembre de ese año (pasada la época invernal).

En junio pasado, YPF notificó la suspensión de los pagos de facturas pendientes "invocando razones de fuerza mayor" por los efectos de la pandemia. Exmar rechazó la declaración e inició un proceso de arbitraje en Londres que derivó en proceso de negociación entre las partes. Finalmente, se llegó a un acuerdo para terminar los contratos  mediante el pago de US$150 millones, que incluye el monto correspondiente a las facturas pendientes.

Por otra parte, la petrolera tuvo un revés en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°11, que falló en primera instancia en contra de la empresa bajo control estatal y le ordenó pagar US$231 millones a TGN por daños y perjuicios por facturas impagas entre febrero de 2007 y diciembre de 2018.

A este panorama, se suma la resolución a fines de septiembre del juez federal Sebastián Ramos que dictó una medida cautelar contra YPF que la obliga a suspender la ejecución de un contrato con la firma Compañía Naviera Horamar. Se trata de un contrato estratégico por 67 millones de dólares para la petrolera controlada por el gobierno en el área de logística de combustibles.

Para agravar la situación, Metrogas, compañía de la cual YPF tiene el 70%, anunció hace días que no podrá pagarles a los productores por el gas contratado en junio, julio y agosto, estacionalmente los de mayor consumo, lo que equivale a unos $7500 millones.

Nueva York

El proceso judicial más complejo que enfrenta YPF, sin embargo, transcurre en los tribunales de Nueva York. La jueza del Segundo Distrito Sur, Loretta Preska, falló en contra de la Argentina al decidir que el juicio por la expropiación de la petrolera YPF llevada adelante en 2012 seguirá en los tribunales de los Estados Unidos.

Hay distintas estimaciones acerca de cuál podría ser el costo para la Argentina en caso de perder este juicio, pero los expertos indican que la demanda total podría ubicarse entres los 3.000 y los 9.000 millones de dólares. YPF lidera uno de los principales pasivos del sector con una deuda estimada entre 7 mil y 8 mil millones de dólares. Unas ocho veces su valor bursátil actual.

Buford Capital, un fondo británico, lleva adelante el reclamo de dos demandantes: Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management que en 2012 tenían acciones de YPF cuando fue estatizada por el gobierno de Cristina Kirchner vía un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso.

Maxus

Hay otra gran causa que se desarrolla en los Estados Unidos, en el tribunal de Delaware, heredada de los tiempos de Carlos Menem por la compra de la compañía Maxus, en 1995, que podría tener un impacto determinante.

El origen de la causa se remonta a seis décadas atrás. Se trata de una acción de los damnificados por la contaminación en los años 60 y 70 del río Passaic por parte del estado de Nueva Jersey.

La demanda llega hasta los u$s14.000 millones y podría sumar más dolores de cabeza al actual directorio de la petrolera controlada por el Estado .