Tras el reemplazo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la consecuente reestructuración interna del organismo, la Dirección General Impositiva (DGI) profundiza la presión sobre el dueño de la Tabacalera Sarandí, Pablo Otero -conocido como el "Señor del Tabaco"-, a quien le exige el pago de una deuda que ronda los USD 1.300 millones.

Con el ascenso de Claudio Castagnola y Marcelo Lafont a director y subdirector de operaciones impositivas, la dependencia a cargo de Andrés Vázquez aceleró la investigación sobre el empresario por evasión fiscal.

Según el ARCA, la Tabacalera Sarandí adeuda $195.824 millones acumulados entre 2018 y 2023 lo que, de acuerdo al tipo de cambio promedio de cada año, equivale a USD 1.296 millones.

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Al respecto, fuentes oficiales precisaron a Infobae que "es un monto enorme, pero es lo de menos porque crece todos los días" y subrayaron que "lo importante es desenmascarar los delitos y la evasión".

Otero es investigado por el incumplimiento del pago del impuesto mínimo interno al tabaco como dueño de una de las principales empresas del sector, que en la última década pasó del 5% a alrededor del 40% de participación en el mercado. En tanto, Massalin Particulares, subsidiaria de Philip Morris, cuenta con un 50%, y BAT, con un 10%.

Parte de la deuda por la evasión de ese tributo está judicializada y rigen una serie de amparos y un fallo de la Corte Suprema de mediados de este año que demoran la resolución del conflicto.

Sobre el impuesto interno, desde el ARCA detallan en su sitio web que "el expendio de cigarrillos, cigarros, cigarritos, manufacturas de tabaco y tabaco en hoja, en hebras, etc., se encuentra alcanzado por el presente gravamen, que incide en una sola etapa de la circulación del producto".

"Se considera expendio a la primera transferencia a cualquier título, entendiéndose como tal a la salida de fábrica o depósito fiscal, en el caso de productos nacionales o importados", puntualiza el organismo.

Por su parte, el "Señor del Tabaco", tal como fue bautizado por Javier Milei, señaló días atrás en declaraciones a AM 750: "Entendemos que él (el Presidente) estuvo molesto en su momento en el tratamiento de la Ley Ómnibus, entendiendo que nosotros nos oponíamos a la derogación de la ley de impuesto mínimo del tabaco o que estábamos de alguna forma en contra del Gobierno, cosa que no es cierta".

"Nuestro papel es industrial y comercial, no tiene que ver con política", aseguró el empresario antes de aclarar que su intención fue advertir que "se iba a sancionar una tercera Ley Massalin". La primera de estas normas, de 2009, "obligaba a los oferentes a vender a tres cuartas partes del precio más vendido de la marca más vendida" precisó, y cuestionó que "en Argentina, las multinacionales escriben sus propias leyes".