De cara a los USD 16.000 millones de dólares que el Estado argentino debe pagar tras perder el juicio por la estatización de YPF en 2012, Javier Milei anunció la creación de la “tasa Kicillof”, un nuevo impuesto que lleva el apellido del actual gobernador bonaerense, quien cuando se decidió la expropiación de la petrolera era viceministro de Economía de Cristina Kirchner.

Para presentar el tributo, el Presidente remarcó el martes por la noche, en declaraciones a LN+: “Acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el ‘will to pay’, la voluntad de pagar”.

En este sentido, sobre el objetivo de bautizar con el apellido del Gobernador al impuesto que se utilizará para saldar las obligaciones con el fondo inglés Buford Capital, Milei detalló: “Que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico que claramente su perspectiva ideológica perjudicó a los 46 millones de argentinos”.

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“Vas a tener un nuevo impuesto que se llama ‘tasa Kicillof’, que es para pagar el desaguisado de un amateur. Porque por más que sea doctor de la UBA parece que esas materias no las estudió, no sé. Es alguien que no tiene muy claro como funcionan las finanzas y menos los mercados”, lanzó el mandatario.

La propuesta de Milei se da luego de que la Justicia de Estados Unidos rechazara el pedido de la Argentina de una prórroga en los plazos para pagar la garantía, cuya fecha límite es el próximo 10 de enero. El depósito de acciones por parte del Estado nacional es la única forma de evitar que el fondo Buford Capital comience el pedido de embargos contra la República a partir del 11.

En el marco del juicio por la expropiación YPF, el Gobierno había pedido extender por 30 días el plazo para presentar garantías, pero la jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó la solicitud. 

Así lo indicó el pasado 21 de diciembre el especialista en mercados Sebastián Maril, quien ratificó que “la fecha límite es el próximo 10 de enero y, de lo contrario, el día 11 comenzarían los embargos”.

Argentina había presentado dos pedidos para que se le otorgara “más tiempo”: el que rechazó Preska y otro que le hizo a la Corte de Apelaciones, por 90 días, para interiorizarse más en la causa, por el que aún no hubo respuesta.