El flamante secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió con la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA) y le adelantó su decisión de derogar la Ley de Abastecimiento, que se enmarca en la iniciativa desregulatoria del sector expresada por el Gobierno.

El encuentro se realizó en la Secretaría de Comercio, en donde también participó Juan Pazo, quien será designado secretario general de Coordinación.

Además, en representación de la Unión Industrial Argentina estuvieron su presidente, Daniel Funes de Rioja, y el director ejecutivo y economista jefe de la entidad, Diego Coatz.

En la reunión, se transmitió a la entidad industrial la decisión de avanzar en la derogación de la Ley 20.680, sancionada el 20 de junio de 1974 y modificada en 2014, que regula "la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga -directamente o indirectamente- necesidades comunes o corrientes de la población".

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De esta manera, la norma autoriza a la Secretaría de Comercio a "imponer sanciones frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales”.

El Estado tiene así la potestad de fijar precios máximos, mínimos y de referencia, y márgenes de utilidad, sobre las ganancias de las empresas por cada producto o servicio brindado, de los cuales pueden ordenar la continuidad en su totalidad o de manera parcial.

La ley determina que también el Estado podrá sancionar “con multas" o “clausuras a las compañías que aumenten de manera artificial o injustificada los precios, acaparen mercadería o materia prima o destruyan mercaderías o bienes que puedan generar escasez o restrinjan o nieguen de manera injustificada la venta.

Además, Lavigne, que fue oficializado en su nuevo cargo este jueves a través del Decreto 30/2023 del Boletín Oficial, le anticipó a un grupo de industriales que se derogará la Ley de Góndolas y eliminará los fideicomisos del trigo y el aceite, en un proyecto que será enviado al Congreso para su aprobación.

En este sentido, se espera que la Secretaría de Comercio e Industria discontinúe las fiscalizaciones en supermercados y comercios, que insumían gran cantidad de recursos para supervisar precios, stock y exhibición de los productos.