El Gobierno estableció un nuevo monto mínimo para fiscalizar a las sociedades anónimas
A través de una resolución del ministerio de Justicia, actualizó las condiciones para que el Estado monitoree de forma permanente a las compañías.
Luego de cinco años y medio de permanecer en el mismo nivel, el Gobierno actualizó este jueves el monto del capital social a partir del cual las empresas estructuradas como sociedades anónimas quedan sujetas a fiscalización estatal permanente. Según indicaron las autoridades, el objetivo apunta a "dinamizar el funcionamiento" y "estimular el crecimiento" de las pymes que están bajo figuras societarias.
La Resolución 10/2024 del ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial fijó la nueva cifra en 2 mil millones de pesos.
En el texto difundido, se recordó que la última modificación había sido el 11 de julio de 2018, cuando a partir de una iniciativa de la Inspección General de Justicia (IGJ), se había establecido en 50 millones de pesos.
Las autoridades del Ministerio justificaron ahora el incremento debido, hasta diciembre pasado, la tasa de inflación acumulada en ese período de cinco años y medio fue del 1.800%.
Además, subrayaron que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 "ha buscado dinamizar el funcionamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) estructuradas bajo figuras societarias, y a la vez estimular su crecimiento".
"Se impone, en aras del cumplimiento del principio de razonabilidad y proporcionalidad que debe inspirar los actos de gobierno, adecuar a la realidad económica, el monto de capital social previsto en la citada norma para imponer el control estatal", consideró la resolución firmada por el ministro Mariano Cúneo Libarona.
De acuerdo a la Ley General de Sociedades Nº19.550 "las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor" de distintos aspectos, "entre los que se encuentra determinada cifra del capital social, según disponga el Poder Ejecutivo cada vez que lo estime necesario".
Asimismo, la cartera liderada por Cúneo Libarona recordó que el artículo 299 de esa normativa "establece una pauta patrimonial para el sometimiento de las sociedades anónimas a una fiscalización permanente por parte del organismo de contralor societario, y exige que el monto establecido para determinar el valor del capital social sea adecuado a la realidad económica".