La reglamentación del decreto 690/20 impulsa la creación de nuevos derechos ciudadanos, a través de la Prestación Básica Universal y Obligatoria. Esto implica que la telefonía celular, la telefonía fija, Internet y la televisión paga estarán al alcance de todos, dado que constituyen servicios públicos esenciales en competencia.

"La Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) y todas las asociaciones de defensa al consumidor buscaron que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) sean declaradas como servicios públicos, ya que en todo el país se necesita acceso a esos servicios", expresó Osvaldo Bassano, abogado y titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC).

Desde enero, habrá un aumento del 5% en los servicios de las TIC, aprobado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Bassano sostiene que "la mayoría de esos servicios están en manos privadas, lo que promueve la conformación de monopolios y lleva a que ocurran abusos, motivo por el cual es necesario un control estricto del Estado".

Desde ADDUC impulsan el control por parte del Estado y la declaración de servicio público. Por eso, cuando el expresidente Mauricio Macri dictó el decreto 267/15 -derogaba parte de la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital- interpusieron recursos de amparo para lograr que se anule ese decreto y se declare a las TIC como servicio público. 

Esa decisión política profundizó el monopolio en los servicios de telefonía, cable e Internet refiere. "Es muy grave para el consumidor y para el Estado", explica Bassano.

En el mismo sentido, Bassano destacó el alcance del decreto 690/20, el cual busca regular una situación que se hizo evidente durante la pandemia y tiene como fin evitar que el mercado gobierne sobre las necesidades de la población. Sobre esta cuestión sostiene que "si el mercado está concentrado en pocas manos debe estar estrictamente regulado, por lo tanto, la declaración de servicio público esencial a los servicios TIC aumenta la independencia para la ciudadanía de un país".

Asociaciones de Consumidores destacaron que el Plan Básico Universal de Internet, celular y tv por cable "evita monopolios"

"Para nosotros el decreto 690 es una importante norma para el derecho de los consumidores y porque el Estado aumenta su presencia y fuerza en este sentido", afirmó el dirigente.

Respecto al rol de ENACOM, Bassano aseguró que la actual gestión del organismo generó un cambio de perfil en favor de los consumidores. "Si bien se reconoce el derecho de las empresas por sus inversiones (aunque éstas son mucho menores a las necesarias), durante el 2020, parte de las asimetrías se equipararon", sostuvo.

Asimismo destacó que "es muy importante el valor moral que hay que darle a las decisiones porque no corresponde que las empresas pidan aumentos en el complejo contexto de la pandemia Covid-19".

En relación al planteo de inviabilidad de aplicación de PBU y el aumento planteado por las prestadoras explicó: "Durante los últimos cinco años las empresas no han invertido, retrasaron el sistema de comunicaciones y se apoyaron exclusivamente sobre la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) que el propio Estado extendió".

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Y agregó que estas empresas monopólicas "solo obtuvieron ganancias sabiendo que es muy económica la prestación de servicios" sobre este formato de comercialización. A raíz de esto, consideró que "algunas prestadoras quisieron destruir a los pequeños actores que operan en el interior, lo cual implica falta de competencias para poder estafar al consumidor. Teniendo en cuenta las ganancias que han obtenido en los últimos tiempos podrían brindar servicios de 10gb gratis".

El titular de ADUCC solicitó mayor "responsabilidad social empresaria" porque, además de acumular divisas, las corporaciones deben beneficiar a la ciudadanía y al país. "Primero está el derecho de las personas y luego el compromiso de las empresas, que no la demuestran, buscan exclusivamente aumentar sus ganancias en estos tiempos durísimos que estamos atravesando".

Además hizo hincapié en que "la democracia es integrar a todos y todas, y cuando no damos posibilidad de comunicación accesible a los ciudadanos estamos atentando contra esa democracia, la cual debe ser totalmente inclusiva, no solo a los que pueden pagar". Y agregó: "Las comunicaciones son el futuro y no puede ser que esté concentrada en pocas manos como un negocio del cual no todos los argentinos y argentinas son parte".