Una red de espionaje ilegal que incluye a jueces, fiscales, periodistas, legisladores y que podría llegar hasta el propio Poder Ejecutivo. La denuncia posee todos los condimentos para ser cadena nacional 24x7. Sin embargo, los medios afines al Gobierno hicieron su parte y, en un principio, no le dieron mucha trascendencia.

Forzado por las circunstancias, ahí es donde empezó a jugar el kirchnerismo para meter el tema en agenda. La citación de Alejo Ramos Padilla al Congreso Nacional tuvo éxito. Lo escandaloso de los datos revelados le dio algo repercusión a la causa.

A partir de ese momento, la estrategia del oficialismo fue desprestigiar al juez ligándolo al kirchnerismo. Por eso no tardaron en llegar los titulares que remarcaron la cercanía de Ramos Padilla con Justicia Legítima, la Asociación Civil que trabaja por la democratización de los poderes judiciales en el país.

En este marco, el Gobierno cometió un error garrafal: impulsar la remoción del magistrado en el Consejo de la Magistratura. De esta forma, el oficialismo puso en agenda nacional una cuestión que hasta el momento era exclusividad de la oposición.

A su vez, por la gravedad del caso que amenaza la independencia judicial, organismos internacionales se hicieron eco del pedido de destitución promovido por Macri y Garavano. Alerta a la situación, Human Rights Watch advirtió que el Gobierno quiere destituir a "un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”. Que digan si son kirchneristas.

Ahora bien, dadas estas condiciones, ¿hace bien la oposición K en abrazar al juez y hacer propia la causa, o en todo caso, debería dejar actuar en soledad a Ramos Padilla para no caer en el juego de desprestigio del oficialismo?

En un escenario ideal donde la justicia funciona independientemente no haría falta que los jueces tengan respaldo político para avanzar con sus investigaciones. Pero en nuestro país las causas judiciales están atravesadas por la política. Por ejemplo, no es un secreto que el oficialismo apoya e impulsa muchas denuncias contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Es en este contexto que el kirchnerismo se ve "obligado" a respaldar con mucho peso a Ramos Padilla para que avance con una causa que no solo es relevante para su sector político –por estar involucrado el fiscal federal de la causa de las fotocopias Claudio Stornelli– sino por la relevancia nacional que adquiere una investigación judicial tan grave que revela el submundo de los servicios de inteligencia y sus vínculos tóxicos con la política, la justicia y el periodismo.

Sin el respaldo de la oposición, probablemente el oficialismo hubiese volteado el expediente de manera express, como nos tiene acostumbrados.

Apoyar y respaldar a Ramos Padilla es hoy defender las instituciones de los embates del Gobierno que busca silenciar a un juez incómodo. El Estado de Derecho está en jaque. Es deber de todos defenderlo.