Este fin de año, una cifra vuelve a entristecer a los argentinos y remarca la cruda realidad. Se registraron más de 254 femicidios en todo el territorio nacional. Dentro de ese número, el 18% de las víctimas habían realizado denuncias previas, de las cuales el 12% tenía medidas de protección dictadas por la justicia. Estas mujeres podrían haberse salvado.

Entre los cientos de casos, hubo uno que funcionó como bandera de lucha para continuar peleando por mejores medidas de protección para las víctimas. La muerte de Micaela García hizo temblar a toda la sociedad.

A principios de abril, la desaparición de la joven entrerriana de 21 años puso en alerta a la comunidad de Gualeguay. Pero la terrible noticia llegaría siete días después, con el parte del jefe de la policía provincial: "Hemos encontrado el cuerpo de Micaela, desnudo y en un avanzado estado de descomposición". El descubrimiento de su muerte desató el enojo en los grupos de lucha por los derechos humanos, que salieron a las calles para repudiar la falta de seguridad ante los inminentes femicidios.

El sospechoso, luego condenado, es Sebastián Wagner, un ex convicto que había sido liberado de prisión por el juez Carlos Rossi por "buena conducta", aún cuando los peritajes indicaban que no estaba en condiciones de estar en libertad. La inoperancia del juez fue motivo de indignación. Wagner tiene dos condenas previas por violación y debía estar preso hasta 2020. En ese período de libertad otorgado sin justificación, violó y asesinó salvajemente a Micaela García. 

El caso es siniestro. Wagner y su jefe, violaron por turnos a la joven estudiante de educación física, antes de asesinarla y abandonar el cuerpo en otro predio. Luego lavaron  el auto, eliminaron las pruebas y volvieron a su vida normal. Hoy, son dos condenados por el crimen y Wagner finalmente pagará todos sus crimenes con una cadena perpetua.

Pero Micaela no va a volver, ni tampoco las 253 mujeres que perdieron su vida ante femicidas.