Amparo colectivo contra cambios en jubilaciones: 7000 adhesiones y la definición de la Justicia

El Defensor de la Tercera Edad presentó el amparo contra el decreto 163 para declarar la inconstitucionalidad de la norma.
El Canciller - Comentarios
@luis Alejandro Si se llega a esto es por...
@Silvia Alicia Rodriguez Quiera Dios ayudarnos y que...

La Defensoría de la Tercera Edad de CABA, a cargo de Eugenio Semino, presentó un amparo colectivo contra el decreto que modifica los aumentos jubilatorios. La acción, que incluyó la adhesión de 7.000 jubilados y recayó en el Juzgado N°9 de la Seguridad Social. El objetivo es que se declare inconstitucional la norma. 

La demanda pide una medida cautelar para que la Justicia fije la fórmula de movilidad anterior para los jubilados y pensionados que no cobran el haber mínimo. La medida fue propuesta hasta que se resuelva la cuestión. Si el juzgado no hace lugar al amparo, la Defensoría interpondrá un recurso de “per saltum”, el cual permite que el conflicto lo resuelva directamente la Corte Suprema.

Alejandro Vanoli, titular de la ANSES, y representantes de federaciones de jubilados y pensionados charlaron sobre las nuevas medidas.

Qué dijo Semino

En conferencia de prensa, Semino explicó que “el amparo colectivo es una forma de garantizar el acceso a la justicia de todos los jubilados”, haciendo referencia a los que se les dificulta presentarse ante los tribunales. Destacó que “los ancianos son un grupo vulnerable” que tienen tutela especial, dispuesta en los tratados internacionales que firmó el Estado.

También hizo hincapié en que “el principio básico es la progresividad y la no regresividad”. A su vez, el defensor de la Tercera Edad sostuvo: “Esto es un intento de hacer un aporte publico”.

El defensor contó con el patrocinado de los abogados Andrés Gil Domínguez -constitucionalista- y Adrián Tróccoli -previsionalista-. El estudio jurídico de éste último había estimado una comparación entre el dinero ganado y perdido por los jubilados y pensionados, como consecuencia del decreto y de la ley suspendida.

Posturas del Ejecutivo y la Justicia

La medida del Poder Ejecutivo repercute en más de 2.000.000 de jubilados que en marzo van a cobrar menos que con la ley de movilidad previsional actual, que se encuentra suspendida. En diciembre de 2019, la ley de Solidaridad y Reactivación suspendió por seis meses la aplicación de la fórmula. La misma disponía la actualización trimestral de las jubilaciones y pensiones, que en marzo hubiese sido una suba de 11,56% y en junio, de 10,9%.

Anuncio de un incremento para las jubilaciones mínimas. FOTO: NA/ DAMIAN DOPACIO

Por su parte, el Máximo Tribunal argentino no habló sobre la modificación. Aunque se esperaba que se expidiera sobre el tema el martes pasado, la CSJN mantiene su opinión con total hermetismo.

Los jueces de la Corte Suprema mantienen silencio sobre la reforma previsional. Foto: CIJ.

El decreto “es un recorte de los derechos”

Esta mañana, Semino manifestó que “la litigiosidad ve morir a los jubilados en la espera”, ya que los juicios en el fuero de la Seguridad Social tardan muchos años en resolverse. A su vez, expresó que la medida “es un recorte de los derechos de los adultos mayores”. En diálogo con Radio Mitre aseguró que “en los últimos dos años jubilados perdieron el 19,5% en su haber”.

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El defensor de la Tercera Edad explicó que “si bien, con este decreto, acrecen los de la mínima, 192 pesos respecto a lo que hubiese sido con la movilidad jubilatoria, a partir de los 18 mil pesos empiezan a perder”. Y agregó que dicha situación “implica una regresividad, un recorte”.  Con la acción de amparoy la posterior declaración de inconstitucionalidad del decreto, confía en evitar “una nueva industria del juicio”.

En diálogo con AM 750, el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor contó que solo durante el jueves “se presentaron 1400 personas con una petición para que se retrotraiga la decisión de los aumentos de la jubilación”