Voto electrónico: por la razón, o por la fuerza

El Canciller - Comentarios

Durante 2016, el gobierno argentino presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de reforma electoral. En la propuesta, sostuvo que el objetivo era sentar las bases para “simplificar, transparentar y modernizar” el sistema político.

En rigor, el proyecto se circunscribía a modificar el sistema de emisión del voto: se reemplazaría el tradicional voto en papel por un nuevo mecanismo de voto electrónico. El proyecto fue aprobado con muchas modificaciones en la Cámara de Diputados. Una vez que la propuesta pasó al Senado, se realizaron nuevamente audiencias públicas que reunieron a especialistas informáticos, funcionarios, legisladores y académicos, para discutir los puntos positivos y negativos del texto aprobado en la Cámara Baja.

En las decenas de horas de debate, prácticamente la totalidad de los expositores marcaron duras críticas al proyecto, que sólo fue defendido por un puñado de funcionarios nacionales y el representante de la empresa Grupo MSA, que provee el sistema de “Boleta Única Electrónica” en Salta y la Ciudad de Buenos Aires, los distritos que emplean este sistema de emisión de voto para las elecciones locales.

Como resultado de las audiencias públicas, el proyecto (que además tuvo muchas críticas de los representantes de las provincias) finalmente no fue tratado en la Cámara Alta. Pese a la negativa del Senado, el resultado de las últimas elecciones legislativas renovó el optimismo del gobierno para tratar nuevamente la reforma política durante el próximo año. En este sentido, luego de la contienda electoral del 22 de octubre (en la que, vale aclarar, no hubo problemas con el proceso de votación ni con el escrutinio), el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, manifestó su esperanza que “esta sea la última elección con boletas de papel”.

El Gobierno insiste con el voto electrónico y busca reabrir el debate en el 2018

Sin embargo, el Gobierno mueve sus piezas en un escenario desfavorable. Pocos días antes de la elección, Delia Ferreira Rubio, especialista en procesos electorales y públicamente reconocida por su visión crítica respecto al voto electrónico, fue electa como nueva presidenta de Transparency International, la organización no gubernamental de lucha contra la corrupción más importante del mundo.

El escenario adverso terminó por consolidarse luego de la reciente publicación de un informe elaborado por el Conicet, a solicitud del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En el documento, titulado “Análisis de factibilidad en la implementación de tecnología en diferentes aspectos y etapas del proceso electoral”, los especialistas concluyen que “la incorporación de tecnología en las diferentes fases debe realizarse en forma gradual y progresiva, mediante proyectos piloto y a menor escala”, y que existen resultados teóricos donde se demuestra la imposibilidad de satisfacer simultáneamente tres de los atributos requeridos para el sistema (secreto, auditabilidad e integridad). Al mismo tiempo, el detallado informe advierte que “un proyecto de las características de un sistema de votación requiere de una entidad pública, independiente y con la capacidad técnica necesaria, que pueda ejercer la auditoría y control de los procesos y del sistema”.

Finalmente, sus redactores recomiendan “no avanzar en el corto ni mediano plazo con la implementación de un sistema electrónico para la etapa de emisión de voto”. Resulta ilustrativo de este debate la frase de Raúl Jungmann, Ministro de Defensa de Brasil (uno de los pocos países en el mundo donde se aplica de forma completa el voto electrónico), quien afirmó: pregunté en Suecia por qué venden aviones supersónicos pero no tienen voto electrónico.

Se reabre entonces un panorama incierto para 2018. El Gobierno cuenta con el largo brazo del Estado para “convencer” de las potencialidades de su propuesta. Quienes se oponen a esta reforma son asistidos por la rigurosidad argumentativa de los especialistas y la contundencia de las fallidas experiencias internacionales. Se impondrá un criterio por la razón, o por la fuerza.