Vive Brasil su día D

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En las próximas horas se decidirá parte del futuro político de Brasil. Los jueces que conforman el Tribunal Federal de la cuarta región, con sede en la ciudad de Porto Alegre, João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Víctor Luiz dos Santos Laus, serán los responsables de rectificar o avalar la sentencia que en primera instancia condenó a 9 años y medio de prisión al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En julio de 2017, el juez que investiga la Operación Lava Jato, Sergio Moro, consideró que Lula fue responsable del delito de corrupción pasiva. Según el magistrado, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) habría recibido por parte de la constructora OAS un lujoso apartamento en Guarujá, en el marco de una red de sobornos que salpica a la empresa estatal Petrobras. No obstante, no se presentó ninguna prueba que demuestre que el petista es propietario del inmueble ni se identificó el acto que habría motivado la transacción. Por ello mismo, sus abogados estiman que, si el resultado de hoy es desfavorable, cabrán en un futuro nuevos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal, para que la potencial condena no impida su candidatura en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el mes de octubre de este año.

Durante las últimas semanas se han realizado distintas movilizaciones en apoyo a Lula en todo el país. En el día de ayer, cientos de miles de brasileños participaron de una masiva marcha en la capital de Rio Grande do Sul, impulsada fundamentalmente por diversos grupos sociales como el Movimiento de los Sin Tierra, la Central Única de los Trabajadores (CUT) y varios partidos políticos, entre los que naturalmente se destaca el PT.

El resultado de la sentencia de hoy abre dos vías potenciales. Si Lula es hallado culpable y se ratifica unánimemente la decisión en primera instancia, no podrá presentarse en las próximas elecciones. Esta posibilidad genera otros dos senderos alternativos: o sus seguidores profundizan la movilización en las calles como resistencia frente a lo que muchos denominan como “golpe de Estado judicial” apoyado por las élites (lo cual será difícil de sostener en el tiempo en una sociedad históricamente desmovilizada), o apuestan desde mañana mismo a una nueva candidatura, que muchos analistas especulan que tendría dos nombres puestos: el exalcalde paulista, Fernando Haddad, o el exgobernador de Bahía, Jacques Wagner. Este último escenario, no obstante, es desmentido por los principales referentes del PT, como la expresidenta Dilma Rousseff, que afirmó que “no existe un Plan B”.

Por el contrario, si se revoca la sentencia, Lula podrá iniciar sin problemas su campaña presidencial, aunque luego se ingrese en el fangoso terreno de las apelaciones que podría realizar la fiscalía ante la Suprema Corte para impedir la aceptación formal de su candidatura. Vale aclarar que la persecución judicial no termina con esta causa, debido a que Lula afronta media docena más de acusaciones penales cuyas sentencias difícilmente se emitan antes de la contienda electoral.

En sentido estricto, entre estas dos posibilidades existe una tercera: una condena por mayoría de dos a uno, que justamente es la que abre la caja de pandora de nuevos recursos por parte de la defensa, amparada en distintas medidas cautelares de los tribunales superiores. Si ocurre finalmente esto, tendremos que esperar algún tiempo más para saber si Lula será o no candidato.

Desde la madrugada de hoy se montó un megaoperativo de seguridad en las adyacencias del tribunal, que será protegido por un bloqueo perimetral fluvial, aéreo y terrestre.  Los mercados esperaran ansiosos la confirmación de la condena al presidente que sacó de la pobreza a 28 millones de brasileños.  Mientras tanto, Lula afirma que “si prohíben que sea candidato se está montando un fraude”, y que “quieren evitar que el pueblo sea el gran juez de este país”.

Según la última encuesta de Datafolha, el 92% de los consultados estima que la justicia trata mejor a los ricos que a los pobres. Ese mismo estudio, de comienzos de diciembre de 2017, anuncia que Luiz Inácio Lula da Silva cuenta con una intención de voto del 37%, muy por encima de su inmediato seguidor, el derechista Jair Bolsonaro, un militar del Partido Social Cristiano, con un 18%.

En este escenario Brasil tendrá hoy su día D. La ratificación de la sentencia avivará el fuego que consume la paz social del gigante sudamericano. Su rectificación, por el contrario, permitirá que el candidato más popular de Brasil dé el primer paso hacia la presidencia, un riesgo que los principales medios de comunicación, los partidos de derecha, el poder judicial y los sectores empresariales no están dispuestos a correr.