Vicentin, entre nuevos interesados en la compra y el descarte de la estatización

En el Ministerio de Trabajo armaron una mesa de diálogo entre el sindicato, la cámara empresaria y las autoridades nacionales.
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La empresa cerealera Vicentin sigue dando que hablar. Mientras los directivos aceleran los tratativas para cerrar un acuerdo extrajudicial con los acreedores privados para desinflar sus deudas, nuevos comprados se mostraron interesados en adquirir la principal exportadora de productos de soja de la Argentina.

Tras el rumor de una posible venta, alimentada por las palabras de Alberto Fernández, todo parecía indicar que el comprador sería la multinacional Glencore. En diciembre de 2019, la compañía ya le había vendido una parte de su participación en Renova, emprendimiento que tienen en conjunto. Entre sus operaciones se localizaba una planta de procesamiento sobre el Río Paraná.

Una fuente de la empresa confirmó a la agencia Reuters la “firme” posibilidad de una compra por parte de la multinacional. Sin embargo en Vicentin sostienen que aún no hubo acuerdo en los números finales de la transacción. Por eso mismo, se sumaron nuevos actores al juego.

Según informó Ámbito Financiero, en las últimas horas un empresario egipcio anunció su intención de quedarse con la totalidad de los activos de la compañía. Incluso presentó un borrador de un posible plan de pagos a los acreedores. Se trata de Ibrahim Khalifa, vicepresidente de Burhan International Group, quien indicó que su empresa cuenta con espalda financiera para absorber el 100% de la empresa argentina, incluyendo la actividad frigorífica y láctea.

Desde Vicentin no dieron lugar a esa oferta. El argumento es que el grupo egipcio sólo tiene una oficina comercial en la Argentina y ningún activo. Y que los registros oficiales Burhan International Group Latin América no cuenta con empleados registrados, deuda bancaria ni movimientos societarios.

Bunge, Cargill, Dreyfuss y Cofco también suenan como interesados detrás de la cerealera.

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Estatización

Vicentin empezó a incumplir pagos a sus proveedores a fines del año pasado. Acumulan U$S 350 millones de deuda comercial y casi U$S 900 millones en compromisos con los bancos. Alberto Padoan, hombre fuerte de la empresa, justificó los incumplimientos con “una inversión” en plantas de biodiesel.

El Banco Nación, principal prestamista de la empresa, actualizó los registros de sus deudores y ubicó a Vicentin en la peor categoría (“alto riesgo de insolvencia”), lo que se traduce en una postura más estricta del Estado para negociar con la cerealera.

A partir de allí empezaron los rumores de una (posible) estatización. El exintendente de San Antonio de Areco y senador provincial del Frente de Todos, Francisco Paco Durañona, fue el primero en manifestarse a favor de esa idea. “La oportunidad para que el Estado se convierta en actor fundamental de la actividad agroexportadora de granos es ahora. ¿Cómo? Estatizar la empresa Vicentin aprovechando que el grueso de sus acreedores son el Banco Nación y el Banco Provincia”, sostuvo entonces.

Consultado sobre el tema, Alberto Fernández solo dijo que lo primordial era “no perder las fuentes de trabajo” y que “se iba a estudiar”. En tanto, los más de 800 trabajadores -distribuidos entre las plantas de Ricardone y San Lorenzo- pidieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde se les garantizó un canal de diálogo abierto y una reunión entre el sindicato de Aceiteros, la cámara empresaria y las autoridades nacionales.

Ante la consulta de este medio de una posible estatización, desde la cartera que comanda Claudio Moroni respondieron que su objetivo es “preservar las fuentes de trabajo”. En Agroindustria, por caso, son aún más determinantes. Por lo bajo, dejaron trascender a varios medios que esa opción está “totalmente descartada”.