En un confuso episodio, murió esta tarde Fernando Albán, un concejal venezolano secuestrado desde el viernes por el Servicio de Inteligencia que responde al gobierno de Nicolás Maduro.

Si bien la primera información divulgada por el fiscal general, Tarek William Saab, indicaba que se trató de un suicidio -"solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez"-, dirigentes opositores responsabilizaron a las fuerzas de seguridad por el deceso, al que calificaron como un asesinato.

En esa misma línea se pronució el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. "Condenamos la muerte de Fernando Albán, responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida. Esta dictadura criminal debe irse ya de Venezuela", disparó. 

Sumido en una crisis humanitaria sin fecha de vencimiento, por la que faltan alimentos en las góndolas e insumos vitales en los hospitales, el país caribeño afronta un éxodo masivo que abarca a 2 millones de personas desde el año 2015, según estadísticas de la ONU. Mauricio Macri especificó días atrás, en la Asamblea General, que la Argentina ya ha recibido a 130.000 venezolanos en los últimos dos años. 

El concejal del municipio caraqueño de Libertador se encontraba detenido en la sede del Sebin, por un presunto atentado contra el primer mandatario el pasado 4 de agosto, mientras pronunciaba un discurso durante un desfile militar. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 236 presos políticos.

La administración de Maduro ha recibido un repudio total de la comunidad internacional a raíz de las numerosas violaciones de derechos humanos que configuran algo muy similar a un gobierno de facto. Las fuerzas de seguridad del Estado Bolivariano se cobraron la vida de más de 150 personas en manifestaciones opositoras durante 2017.