Un juego de suma cero en Honduras

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El domingo 26 de noviembre más de tres millones de hondureños fueron a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Los principales candidatos son el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional de Honduras, y el opositor Salvador Nasralla, un reconocido conductor televisivo que lidera la “Alianza de la Oposición contra la Dictadura”. Diez días después de los comicios, todavía no se conoce el nombre de la persona que gobernará uno de los países más violentos y desiguales de América Latina.

Si bien la crisis se agudizó la misma noche de la elección, cuando los dos principales candidatos se declararon vencedores antes de que se hiciera público el primer informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo cierto es que el propio desarrollo de la campaña auguraba un desenlace crítico.

En efecto, el principal foco de conflicto está vinculado a la acción del propio Tribunal, señalado por la oposición como un apéndice del gobierno de Hernández desde que en 2015 comunicó un polémico fallo que inhabilitó la totalidad de los artículos de la Constitución que prohibían la reelección presidencial desde 1982. Si bien el presidente acusó a la oposición de que las críticas al Tribunal forman parte de una estrategia desestabilizadora de una oposición que sabe que perderá las elecciones, el expresidente Manuel “Mel” Zelaya (derrocado por un golpe de Estado en 2009 y coordinador de la campaña de Nasralla) fue muy elocuente: “El Tribunal Supremo Electoral no me merece ninguna credibilidad”.

Todavía no se conoce el nombre de la persona que gobernará uno de los países más violentos de América Latina

Con el paso de las horas y la extendida demora del TSE en dar a conocer los resultados, la profecía comenzaba a cumplirse. Al día siguiente de la elección, los primeros datos publicados mostraron una ventaja de cinco puntos para el candidato opositor, pero el sistema de actualización se detuvo sorpresivamente por 36 horas. Cuando retomó el funcionamiento, la ventaja pasó a ser del presidente Hernández por más de un punto. De inmediato, el equipo de campaña de Nasralla acusó nuevamente al Tribunal de ejecutar el fraude y el propio candidato opositor anunció públicamente que desconocería los resultados. Sin titubeos, calificó al proceso como un “golpe de Estado” y solicitó a la ciudadanía que salga a las calles a manifestarse.

Ante el persistente retraso en la comunicación de los resultados oficiales definitivos, la oposición comenzó a movilizarse pacíficamente para exigir la revisión de más de 18 mil actas. Como respuesta, el gobierno nacional ordenó a las fuerzas de seguridad reprimir las manifestaciones (por cierto, las pacíficas peticiones contra el supuesto fraude fueron acompañadas por saqueos y actos vandálicos), lo que dejó como resultado un total de siete muertos y centenares de heridos y detenidos. El siguiente paso del gobierno de Hernández fue decretar el toque de queda a partir del viernes 1 de diciembre para “mantener el orden y la gobernabilidad”.

Con este panorama transcurrió una semana de incertidumbre y violencia creciente que, lejos de detenerse, se agudizó cuando este lunes 4 el TSE anunció tras el escrutinio especial de más de mil actas inconsistentes, que la ventaja para el actual presidente ascendía a 50 mil votos (42,98%, contra el 41,38% de Nasralla). Pocas horas después, el candidato opositor convocó a un nuevo acto de protesta ciudadana, instó a las Fuerzas Armadas de Honduras a “seguir el ejemplo patriótico de la Policía” -que ese mismo día tomó la decisión de no acatar las órdenes de represión-, y solicitó a la OEA que convoque al Consejo Permanente para constatar el fraude.

La situación, por estas horas, sigue en un intrincado laberinto: mientras “Mel” Zelaya redobla su apuesta afirmando que no se respetará el toque de queda y que “vamos a la desobediencia civil y a las calles a defender el triunfo de la Alianza de Oposición”, el presidente Hernández no acusa recibo y mantiene el Estado de Sitio. Por su parte, Nasralla exigió que se realice un escrutinio oficial de las actas que no fueron transmitidas el 26 de noviembre y que se permita la presencia de representantes de su Alianza durante el procedimiento. Si esto no ocurre, exigió que se realice una segunda vuelta electoral bajo el control de un tribunal internacional.

Hoy vence el plazo para que el TSE dicte su declaratoria y publique en el boletín oficial los resultados de las elecciones. Nada permite suponer que de aquí germine la solución del conflicto. Entretanto, Honduras sigue presa de un juego de suma de cero que erosiona, aún más, su frágil democracia.