Tribunales vacío, Comodoro Py desértico: la justicia "en cuarentena"

Las violaciones al aislamiento obligatorio pueden caer bajo tres figuras penales distintas. La más utilizada hasta ahora es la que está dentro del artículo 205 del Código Penal donde se prevé una pena de seis meses a dos años a la persona que viole las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

A ese delito a veces se lo “combina” con lo escrito en el artículo 239, donde se explica que tendrá una pena de 15 días a un año, a quien resista o desobedezca a un funcionario público “en el ejercicio legítimo de sus funciones”.

Las consecuencias de violar el aislamiento

Esta semana, un juez federal de Morón decidió llamar a indagatoria a un joven que volvió de Estados Unidos el 13 de marzo y que, sin hacer la cuarentena obligatoria que le correspondía por venir de un país de riesgo, asistió a una fiesta de 15. El joven fue internado por coronavirus unos días después, y hoy 11 de los asistentes a dicha celebración son ahora también casos confirmados de COVID-19. Además, hay otras 20 personas que están siendo analizadas.

Ante esta situación, fue acusado del delito que está previsto para los casos más graves y que tiene una pena de tres a quince años de prisión. ¿Cuál es la diferencia con los otros delitos? Que aquí se investiga si hubo una intención de “propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Por ahora, el criterio es que las personas que violan el aislamiento obligatorio no estén detenidas en otra modalidad que no sea la domiciliaria. Eso asegura que no se tenga contacto con otros detenidos y, además, que cumplan con lo que el Estado ordenó, por lo menos, hasta el 31 de marzo. En la gran mayoría de los casos, simplemente se los obliga a ir hasta su hogar y se les notifica de la apertura de una causa.

Por supuesto, hay casos más extremos que requieren medidas. Una pareja que volvió de Estados Unidos se escapó de la cuarentena obligatoria que debía hacer en su casa de Villa Devoto. Como fueron denunciados, se dispuso que fueran trasladados a un hospital. Su casa fue desinfectada y le pusieron fajas de seguridad para prohibir el ingreso. Sin embargo, la pareja se fugó del hospital y volvió a su hogar. Ante este panorama, el juez tuvo que ponerles una custodia las 24 horas.

Para aquellos que circulan con su auto sin autorización, ya el decreto prevé la retención del vehículo en el momento. El Procurador General Interino Eduardo Casal emitió una resolución donde les dice a los fiscales federales que pueden pedir el decomiso de estos autos. El objetivo es que, una vez que se finalice el proceso y las personas sean condenadas, esos vehículos pasen a ser patrimonio del Estado y sirvan para asumir una parte de los costos del operativo.

Un sistema judicial "en cuarentena"

Comodoro Py es el centro de operaciones judiciales sobre el COVID-19. Todas las situaciones que ocurran dentro de la Ciudad de Buenos Aires se dirigen hacia allí. El edificio tiene ahora un piso clausurado debido a que el juez Mariano Llorens está internado con síntomas compatibles a los de Coronavirus. Las decisiones de la Cámara Federal se toman ahora de manera virtual y sobre las causas urgentes.

Al principio, tanto en Retiro como en los alrededores del Palacio se opusieron a las medidas que fomentaban el teletrabajo. Ahora que pasaron algunos días, la mayoría de los juzgados y fiscalías se adaptaron al sistema.

Un juez que está de turno los últimos diez días de marzo, indicó a El Canciller que sólo están tratando con las cuestiones urgentes como excarcelaciones o delitos que ocurran durante estos días.

“El turno” son los días que pasan un juzgado y una fiscalía a cargo de un grupo de comisarías de la ciudad. Todos los delitos que se cometen en esa zona durante ese tiempo quedan bajo la investigación de esa dependencia judicial.

El magistrado precisó que la cantidad de trabajo que tuvo durante el aislamiento es mucho menor a la que debe enfrentar en un turno normal o en una una feria común (como es la de verano). “De casi siete detenidos por día pasé a menos de uno”, explicó. Señaló que esto se debe a dos factores claros: la poca presencia de personas en la calle y la mayor cantidad de policías controlando.

“¿A quién le va a robar un punguista en el subte si prácticamente no viaja nadie?”, se preguntó un funcionario de una fiscalía que también está de turno esta semana. Al igual que el juez, sólo están trabajando con urgencias y la mayoría lo hace desde sus casas, a través del sistema Lex100.

"Si alguien ingresa infectado, mueren cientos"

La organización fue clave para continuar con algo del ritmo laboral usual. “A nosotros sólo nos llegan las excarcelaciones o los pedidos de prisiones domiciliarias”, contó una funcionaria de una fiscalía de juicio.

Los imputados, a través de sus defensores, buscan salir de la cárcel con el argumento de la peligrosidad del coronavirus. “Tenemos alrededor de cuatro presentaciones por día y hasta ahora, todas las respuestas han sido negativas”, sostuvo la funcionaria.

Para tener una idea de las posibles presentaciones, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay 63 fiscalías de instrucción (las de “primera instancia”) y 30 de juicio. Son las que intervienen en los robos, homicidios y violaciones que se cometan en la Ciudad.

Más allá de que no hubo excarcelaciones o domiciliarias otorgadas debido al COVID-19 (excepto una domiciliaria otorgada a última hora del viernes); es una situación que preocupa a muchos la posibilidad de que el coronavirus llegue a las cárceles, donde el hacinamiento y la falta de higiene son evidentes. “Si alguien ingresa infectado, mueren cientos”, señaló el juez.