Después del polémico editorial de La Nación que generó un masivo rechazo en redes sociales por estar a favor de la maternidad de niñas que fueron violadas, ahora el medio redobla la apuesta dándole una cálida bienvenida al Régimen Penal Juvenil.

En su nota del día, el matutino pide que se considere la baja de imputabilidad a 14 años, argumentando que en la actualidad muchos países establecen ese límite de edad y que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño deja abierta la decisión a cada nación miembro.

Para respaldar la posición exageran los datos y afirman que existe un elevado número de delitos en los que intervienen menores de 16 años y que, además, en muchas organizaciones delictivas, en particular las dedicadas al narcotráfico, se valen de adolescentes para realizar sus actividades.

Este dato impreciso fue refutado por Unicef en su último trabajo difundido realizado junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en 2015, donde desmienten que exista una problemática grave y extendida respecto a los adolescentes que cometen delitos.

De acuerdo con los datos provistos, en todo el país hay en total 3.908 adolescentes de hasta 17 años alojados en establecimientos o dentro de programas. La cifra representa tan solo 0,14% del total de chicos entre 14 y 17 años, que son cerca de 2.700 millones según las proyecciones de población del INDEC.

El 89,5% de los jóvenes que cometen delitos tiene entre 16 años y 17 años, mientras que solo el 10,5% (412 casos) tiene menos de 16. Además, sobre el total de la masa de individuos que cometen delitos, el porcentaje de menores de 16 años está por debajo del 5%.

Solo el 10,5% (412 casos) de los menores de edad que cometen delitos tiene menos de 16 años.

La Justicia, por su parte, ya había criticado la medida propuesta por el Gobierno y fogoneada por La Nación, al aclarar que la baja de imputabilidad por sí sola no es una herramienta útil para el combate del delito, sino que, por el contrario, el procesamiento de jóvenes sin un sistema de contención, donde medie la educación y el acompañamiento, es perjudicial para ese sector poblacional. 

También habían aclarado que la regulación penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal, sino más bien trabajar sobre áreas para la prevención del delito.