Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá y los diez países restantes que conforman el Grupo de Lima, a excepción de México, anunciaron que desconocerán la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela, en lo que significa una escalada en la tensión con su regimen.

En una declaración conjunta que fue firmada por los cancilleres de cada país, le exigieron Maduro no asumir un nuevo mandato el 10 de enero y transferir el poder a la Asamblea Nacional, una petición por la que Caracas acusó a sus firmantes de incitar un golpe de Estado en el país.

Argentina, Brasil, Canadá y los otros diez países que conforman el Grupo de Lima anunciaron que desconocerán la nueva presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela.

El gobierno de Maduro no tardó en reaccionar y acusó al Grupo de Lima de "alentar" un golpe de Estado con el apoyo de Washington.

En un comunicado leído por el canciller, Jorge Arreaza, Venezuela expresó "su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano, que tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado alentar un golpe de Estado".

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Los países firmantes del acuerdo, entre quienes también están Canadá y Brasil, indicaron además que no reconocerán al gobierno de Venezuela si Maduro asume un nuevo período el próximo jueves, por considerar que se trata de un mandato producto de elecciones ilegítimas

"Esta declaración tiene un mensaje político contundente: el principal mensaje es sin duda el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano", subrayaron en el comunicado.

"El Grupo de Lima reitera su profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes".

El colectivo exhortó al gobernante venezolano a dar un paso al costado y no asumir un nuevo mandato, que se extendería hasta 2025. En lugar de ello, le solicitan que delegue el poder en la Asamblea Nacional, elegida en 2015, hasta que se realicen elecciones libres y transparentes.

Los 13 países firmantes de la declaración estimaron que el proceso electoral que llevó al poder otra vez a Maduro en 2018 careció de legitimidad por "no contar con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente".