La agenda de género hizo presencia en la última sesión del año de la Cámara de Diputados este miércoles: se aprobaron las leyes de talles, de cupo femenino en festivales de música, violencia política, uso del tiempo y acoso callejero. A pesar de haber sido un año de poca actividad en el Congreso -se sesionó menos de una vez por mes a lo largo de 2019-, la alianza de diputadas y senadoras de diferentes partidos en trabajo con los movimientos sociales lograron no dejar afuera las demandas de los feminismos.  

Como explica Amanda Alma, analista parlamentaria y periodista, “se decidió gracias a la articulación entre parlamentarias de distintos bloques en la negociación de la agenda política: hay leyes que podrían haber perdido estado parlamentario”, explica. Sin embargo, la negociación tuvo una contracara: “pero se excluyó la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral, un compromiso que había sido asumido durante el debate del aborto en 2018. Con las leyes aprobadas se ampliaron derechos para todas, pero se sigue sometiendo a las infancias a una educación que no incluye los contenidos de la ESI”.  

Violencia política

Uno de los proyectos aprobados el miércoles fue el de la modificación de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres para la inclusión de la violencia política como forma de violencia de género. Hasta entonces los tipos de violencia eran cinco, pero hacía mucho tiempo los feminismos demandaban la ampliación de esta categoría particular.

En 2018 el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) publicó una investigación analizando 45 casos de trabajadoras de la política de 11 provincias, en el cual se evidenció que el 50% de las mujeres políticas entrevistadas sufrieron violencia psicológica, el 28% simbólica, el 22% económica, el 9% física y el 7% sexual. “Como principales resultados tuvimos que la violencia política es un problema que afecta a 8 de cada 10 mujeres que hacen política en Argentina. Deja de ser un problema aislado a ser un problema preocupante y de una elevada magnitud”, explicaba entonces Lucía Martelotte, Directora Ejecutiva Adjunta del ELA. La iniciativa fue presentada por la senadora chubutense Nancy González en abril. 

Talles

La alianza entre el sector productivo, los activismos y parlamentarias logró la aprobación de una Ley Nacional de Talles. La Ley establece el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI). Como explica Beltrán, activista gordx marica, “a pesar de que había leyes ya en 14 provincias, ahora es nacional: se va a dejar de mirar a otros países en materia de talles”. La ley indica la creación de un estudio estadístico antropométrico de los cuerpos en el país. “Nos va a llevar a una conclusión mucho más real acerca de cómo son los cuerpos en Argentina”, resalta. 

Además Cecilia Moreau, diputada nacional por el Frente de Todos y una de sus impulsoras, remarcó que la ley “es muy importante ya que contribuye a disminuir la estigmatización, es un tema central para las políticas antidiscriminatorias y de inclusión. Es un gran paso en la sensibilización en pos de una sociedad más igualitaria e inclusiva, la estandarización de los talles garantiza equidad y oportunidad para todxs”.

El SUNITI se contempla en todo el proceso de la producción textil, desde la confección hasta comercialización de prendas a partir de los 12 años. De acuerdo a Beltrán, el próximo movimiento de los activismos será reclamar una curva de talles amplia que permita el acceso de todos los cuerpos a diferentes prendas. 

Encuesta uso del tiempo

“Eso que llaman amor es trabajo no pago” es una muletilla que se volvió slogan feminista cuando se puso en agenda una demanda postergada: la naturalización de las tareas domésticas como responsabilidad de las mujeres. Gracias a la Ley aprobada este miércoles, el INDEC deberá realizar una encuesta sobre el uso del tiempo que requieren los trabajos domésticos.

“Estas políticas son fundamentales para empezar a reconocer al trabajo doméstico no remunerado que recae mayoritariamente en las mujeres. Las mujeres en Argentina se encargan del 76% de estas tareas, y además, 9 de cada 10 mujeres participa en el trabajo no remunerado. Mientras que 4 de cada 10 varones no plancha, no limpia, no cocina, no lava la ropa: no se hacen cargo de ninguna tarea”, explica Justina Lee, integrante de Economía Feminista. “Tener más encuestas nos permite derribar el mito de que ciertas cosas se hacen por amor: en realidad, enmascaran una cultura en la que la reproducción social queda relegada a las mujeres y disfrazada de una discusión privada”.

Acoso callejero

Una de las leyes que recibió media sanción en la jornada en Diputados fue la de acoso callejero. Por unanimidad se acordó avanzar con un proyecto que tiene como finalidad el penalizar al acoso en la vía pública, una de las tantas formas de violencia de género que perjudica la vida cotidiana de mujeres y disidencias.

Talles, cupo en festivales, acoso callejero: agenda feminista en la última sesión de Diputados

La iniciativa regula dentro del Código Penal a esta figura como un delito, con multas y penas correspondientes. Además de la pena, de aprobarse en el Senado, la ley regulará también que quienes cometan los delitos deban someterse a talleres de reeducación. Las multas podrían ir de 1.000 a 15.000 pesos, que serían recaudados por el Consejo Nacional de la Mujer para ser redirigidos en políticas de género. 

Cupo de músicas en festivales

Organizaciones de músicas de todo el país plantearon en 2018 la necesidad de dejar asentado un piso de presencia femenina en los festivales y ciclos musicales: hasta ahora, las mujeres representaban solo el 13% de los músicos arriba del escenario.

Fue por eso que en mayo de este año la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para regular el cupo femenino en un mínimo de un 30%: esto significa que de cada banda o grupo programado en festivales y ciclos públicos y privados, el 30% tiene que ser femenino o de disidencias.

En la confección de la Ley estuvo involucrada Celsa Mel Gowland, ex-vicepresidenta del INAMU, el Instituto que será el órgano de aplicación de la ley, quien asegura que “es de enorme importancia para las músicas del país, es algo por lo que venimos luchando un grupo de Músicas acompañadas por 32 agrupaciones de músicas, disidencias y diversidades de todas las provincias”. A pesar de que el ámbito de la música aún sea un espacio de desigualdades y, muchas veces, violencias; opina que “no es la solución para la desigualdad que existe en todos los ámbitos, pero sí es una herramienta que va a ayudar a achicar esa desigualdad. Desde ahí vamos a luchar en contra de los abusos y violencias”