Dos de los tres predios de La Salada reabrieron sus puertas este lunes tras permanecer más de tres semanas clausurados en medio de una causa contra su dueño, Jorge Castillo, a quien se investiga por presunta participación en una red delictiva. Con la rehabilitación otorgada, los puesteros deberán cumplir ciertos requisitos exigidos por la Justicia.

Luego de varias jornadas de protestas, reclamos y pedidos para que se permita la reapertura, los establecimientos Urkupiña y Ocean anunciaron que desde las 7 volverían a operar, mientras que por el momento se desconoce cuándo lo hará Punta Mogote, el tercero de los predios.

"La feria retoma sus actividades comerciales a partir del lunes 16, los días y horarios habituales. Recordamos a todos nuevamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, comerciales y la prohibición de venta de indumentaria en violación a la ley de marcas", manifestaron a través de un comunicado las autoridades de Urkupiña.

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En el mismo texto difundido en redes sociales informaron que "se levantó la clausura preventiva" por lo que procederían desde el sábado a "convocar a personal de limpieza y mantenimiento para reacondicionar las instalaciones".

En este sentido, para que los comerciantes pudieran regresar a sus puestos de trabajo, se estableció que deberán cumplir con una serie de requisitos impuestos por la Justicia.

Uno de los puntos claves es que los titulares de los puestos deben contar con constancia impresa de su suscripción ante el ARCA, cada empleado que trabaje debe estar inscripto en los organismos correspondientes y se deberá emitir el comprobante de venta.

En el caso de los inquilinos, se tendrá que presentar el contrato de alquiler, constancia de procedencia de la mercadería expuesta y también la emisión de los correspondientes papeles de facturación.

Además, las sociedades tendrán 90 días para designar nuevas administraciones para regularizar la situación. Entre otros, aspectos, se les pide la incorporación de sistemas bancarizados para el cobro en los predios.

Las medidas aplican para la totalidad del complejo, que fue reabierto tras la orden emitida por el juez federal Luis Armella. La causa tuvo su punto álgido cuando el pasado 22 de mayo -en el contexto de la investigación por evasión fiscal, asociación ilícita, lavado de dinero y violación de la ley de marcas- se llevaron a cabo varios operativos simultáneos y se detuvo a varias personas, entre ellas Castillo, más conocido como "el Rey de La Salada".