Habiendo dejado atrás el enfrentamiento con el ala radical, el Gobierno decidió apretar el acelerador con el aumento de las tarifas. En las próximas horas, el oficialismo enviará al Congreso un proyecto de Ley para eliminar todos los impuestos de las boletas de los servicios públicos de luz, agua y gas. La iniciativa está liderada por la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti.

En un principio, el oficialismo planeaba que las provincias se sumaran al pedido del presidente Mauricio Macri "por las buenas”: con el ejemplo de la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el plan de Cambiemos era conseguir la adhesión de las demás provincias. 

Contraataque

Sin embargo, las provincias se plantaron ante el pedido. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, manifestó este martes que la intención de Macri es trasladar "el costo político de sus medidas impopulares” a los gobernadores. En la misma línea interfirieron otros dirigentes de la oposición tanto kirchnerista como del ala más "dialoguista” del PJ.

Por su parte, el Gobierno remarcó que las facturas de los servicios esenciales deberían contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado y no otros impuestos arbitrariamente elegidos por los municipios y las provincias.

La oposición ya preparó su contraataque para el proyecto de ley que impulsa el oficialismo. Argentina Federal, el Frente Renovador y el kirchnerismo consensuaron la firma de un proyecto "anti tarifazo”. Las tres fuerzas ya tenían sus respectivos proyectos y el nuevo nucleará principalmente las posturas del PJ de Pablo Kosiner y del bloque de Graciela Camaño, mientras que se introducirán algunos apartados sugeridos por el kirchnerismo. La firma radical está ausente y se espera que no juegue en contra de las tarifas.

El proyecto opositor será presentado este miércoles. En este caso, la oposición asegura que tendrá quórum. El oficialismo bajará al recinto recién cuando los 129 lugares necesarios estén ocupados.

Además, la oposición también pedirá la inconstitucionalidad del proyecto oficialista. "El proyecto del Poder Ejecutivo no apunta al problema central, que es el valor de la tarifa. Ese valor hoy está por encima de la inflación -y por lo tanto perjudica a las empresas- y de la variación salarial -lo que afecta a los trabajadores-. Ese es el problema principal", remarcó Kosiner.