Después de casi ocho años de investigación, una jueza determinó que las dos muertes y las personas heridas durante la represión del Indoamericano fueron consecuencia del accionar de un sólo policía. Esta decisión aparta no sólo a los compañeros de ese agente sino también a los jefes y a quién actualmente ocupa la Secretaria de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.

El 7 de diciembre de 2010, una jueza de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el desalojo del Parque Indoamericano. El operativo fue llevado adelante por la Policía Federal y la Metropolitana. Cerca del puente del Ferrocarril Belgrano Sur, se produjo el primer asesinato: allí murió Bernado Salguiero y cayeron heridas otras tres personas cerca de las 19.

Entre las 20 y las 21, un grupo de policías metropolitanos fue a las inmediaciones de la Autopista n° 7 y la Avenida Castañares. Allí, el accionar violento que tuvieron provocó la muerte de Rossmary Chura Peña y las graves lesiones de dos hombres. Para el fiscal Sandro Abraldes, a cargo la investigación, no había dudas: los cartuchos de las escopetas de la Metropolitana estaban alterados y se cambiaron las postas de goma por plomo. 

La magistrada Mónica Berdión de Crudo había procesado a varios de los policías por su responsabilidad pero la Cámara del Crimen, en julio de 2014, había revocado todos los procesamientos. Después de años de idas y vueltas y una intervención de la Cámara Federal de Casación, la causa volvió al juzgado de Berdión de Crudo con una falta de mérito.

Ese limbo judicial es la figura que se utiliza cuando no hay pruebas suficientes como para desvincular o procesar a los imputados. Tanto la fiscalía como la querella del CELS habían marcado que la investigación estaba prácticamente finalizada y que estaba probada la intervención de jefes y policías en la represión y las muertes.

Ahora, la jueza asegura que hubo una adulteración de las balas que debían usarse pero, lejos de considerar que se trató de un plan coordinado, llevó a la responsabilidad a un solo hombre. Ricardo Picart, oficial mayor de la (ex) Policía Metropolitana fue el señalado por las muertes y los lesionados. Sostiene, además, que está "impedida” de vincular al resto con la situación delictiva por no tener pruebas.

Picart fue procesado por "homicidio y lesiones agravados por haber sido cometidos abusando el imputado de su función, al ser miembro integrante de una fuerza policial”. La jueza le fijó un embargo de 630 mil pesos. 

Si bien en la resolución la jueza deja en claro que ya no hay mucho para hacer en la causa, deja la puerta abierta para que se revea la situación de ocho policías. ¿Por qué? Consideró que queda pendiente un peritaje para determinar cuan dañinas son las balas anti-tumulto.

El actual secretario de Seguridad era, en ese momento, jefe de la Policía Metropolitana. Para la fiscalía, Burzaco tuvo intervención directa en el control del desalojo. La magistrada sostiene que, si no tiene pruebas para inculpar a los policías, tampoco las tiene para él.

"La responsabilidad que se le endilga se relaciona a su actuación en el marco de un conflicto generalizado y en el cual ahora sabemos que fue sólo uno de los policías intervinientes quien adulteró los cartuchos”, afirma Berdión de Crudo.

Burzaco fue llamado a indagatoria pero nunca se presentó. Lo que si hizo fue impulsar varios recursos para dilatar esa situación, incluso un pedido para que la causa pase a la justicia federal. La dilató tanto que su sobreseimiento llegó antes de que tuviera que sentarse en un juzgado para defenderse por la represión.