Sin juicios orales y con audiencias virtuales: el sistema penal en cuarentena

Los penalistas reclaman que se garantice el derecho a elegir a un abogado de confianza y la inmediatez de los juicios.
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Hay paralización de los juicios orales, en el estudio tenemos siete en ese estado y algunos con personas detenidas. Sin embargo, el servicio de justicia sigue sin reactivarse”, sostiene el abogado penalista Mariano Silvestroni. El ejercicio de la abogacía no es considerada una actividad esencial en este aislamiento obligatorio, mientras que los miembros del Poder Judicial que están de turno pueden ir a las dependencias.

El mundo judicial desde antaños es presencial y hoy se debe enfrentar a la virtualidad. Y aunque algunos fueros pueden funcionar mejor que otros de forma remota, el fuero penal, donde las personas se juegan su libertad, está en aprietos.

Los presos exigen elementos de higiene en las cárceles argentinas. FOTO: NA.

Son muchas las críticas de los colegios de abogados a lo largo y ancho del país que exigen la reapertura de la Justicia, no solo por una necesidad económica sino también por las dificultades de defender a un detenido. “El trabajo de los abogados penalistas se desarrolla en la clandestinidad hoy”, apunta el docente de Teoría del Delito de la Universidad de Buenos Aires.

“El servicio de justicia es una actividad esencial pero que no está habilitada como tal. Si el Poder Ejecutivo mantiene reuniones, también deberían hacer lo mismo los otros dos poderes del Estado“, sostiene Silvestroni. Y agrega: “Si un enfermero, un colectivo, un cajero del supermercado y un periodista salen a trabajar  y se arriesgan, que el juez se arriesgue también”.

Derecho a la defensa

La pregunta obligada es qué pasa si una persona comete un delito: ¿puede elegir a su abogado de confianza? Para Silvestroni la respuesta es afirmativa, “pero al ser una actividad prohibida el abogado penalista no podría hacer el 90% de su labor“. Es más claro aun qué sucede si allanan una vivienda. “Llamas a tu abogado pero no va a poder ir, tendría que pedir un permiso bajo la figura de fuerza mayor pero después sera opinable”, afirma.

Desde la Justicia sostienen que los abogados mantienen videoconferencias y llamados con sus clientes, aunque “algunos se acercan a la alcaldía donde está el detenido”.

Las imposibilidades para reunirse de los abogados con sus clientes en todos los fueros es real. Mientras que en el fuero penal se suma no poder juntarse con “un testigo, el familiar del detenido y hasta el prófugo”. A su vez, el experto sostiene que “de esta manera está derogado el derecho a contar un defensor de confianza en el sistema penal”.

Durante la cuarentena, tanto Silvestroni como su colega Sebastián Baron presentaron hábeas corpus (para que el juez resuelva sobre la legalidad del arresto). “Los juzgados bonaerenses a los que fuimos estaban cerrados y un gendarme en la puerta resolvía como si fuese el juez. Esto es una locura”, afirman.

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Mundo judicial virtual

El Poder Judicial dispone de sistemas para que los abogados carguen los escritos y los empleados judiciales resuelvan lo solicitado. “Pedí excarcelaciones por la vía digital en la Ciudad y me respondieron. Hice lo mismo en la Provincia de Buenos Aires pero no daban curso al pedido, llamé al juzgado y mandé correos electrónicos, no contestaron hasta que mi secretaria contactó a una funcionaria por las redes sociales“, explica Baron.

La Cámara del Crimen, al momento de extender la feria, habilitó en las causas sin detenidos “la práctica de actos procesales de manera remota, que el juez de la causa considere adecuados para la continuidad del servicio de justicia”. En base a las directivas de la Acordada 13/2020 de la Corte Suprema.

En distintos puntos del país, las audiencias se realizan de forma virtual vía WhatsApp o Zoom confirman funcionarios en lo penal, aunque reconocen que las videollamadas se suelen cortar. Debido a la virtualidad y a los problemas técnicos, el trabajo se duplicó.

Para que no se detengan los juicios, algunos tribunales usan las videoconferencias. Es el caso del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, que hace unos días escuchó de esa forma los últimos alegatos de las defensas en el caso de lesa humanidad “Feced III” -que tiene por objeto el accionar represivo de un grupo de integrantes de la Policía de la Provincia de Santa Fe-.

Juicio con el acusado por videoconferencia en Entre Ríos.

Las audiencias y los juicios orales podrían realizarse manteniendo las distancias necesarias y los recaudos de seguridad que se toman en las actividades habilitadas durante la cuarentena”, indica Silvestroni en referencia a los tribunales penales de Comodoro Py y de Lavalle (y Libertad).

Los abogados penalistas consideran que sin juicios presenciales no se cumplen los requisitos de inmediatez entre la producción de las pruebas, la discusión de las partes y la resolución, y la continuidad de los juicios orales, los cuales “quedaron en un limbo procesal, pese a estarse tramitando antes de la cuarentena”.

Por su parte, el docente universitario aclara que al hacer un juicio oral de forma remota, “los jueces no podrían ser controlados por las partes y el público”.

El rol de la Casación

Las acordadas que dicta Casación son ambiguas para que los jueces resuelvan en cualquier sentido, y los propios magistrados de instantes inferiores después sostienen que no tienen instrucciones de Casación”, explica Silvestroni. El docente de la UBA considera que “ningún juez quiere arriesgarse a tomar una decisión en estos tiempos, dado que no quieren perder las fortunas que ganan ni pasar un juicio político”.

El máximo tribunal en lo penal sacó un informe en donde da cuenta del trabajo que realizó del 23 marzo al 24 de abril. Recibió para su tratamiento 621 casos y dictó 352 resoluciones. Los jueces deliberaron en forma remota a través del Virtual Private Network, más conocido como VPN, que permite el acceso al sistema Lex 100.

Las recomendaciones que dictó el tribunal generaron controversia por los pedidos de excarcelaciones. “El trabajo que hizo Casación se reduce a resolver cuestiones de libertad, que tienen que ver con medidas cautelares”, sostiene el penalista. Y agrega: “La finalidad de la justicia penal no es expedirse solo sobre cautelares sino investigar durante la instrucción, garantizando los derechos de los involucrados y que los tribunales orales realicen juicios. Es inadmisibles que estén cerrados con juicios paralizados”.