Siete claves sobre la nueva presencialidad en el Estado: un sindicalismo que avala (aunque impone condiciones)

Los trabajadores convocados deberán tener al menos una dosis y quedará exceptuado el personal con comorbilidades.
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Con el avance de la vacunación y la disminución en los casos de Covid-19, una nueva presencialidad entró en vigencia al mundo laboral. El sector privado fue el primero en regresar gradualmente. Desde los más esenciales hasta el mundo del turismo y la hotelería son testimonio de ello. Lo mismo sucedió con las clases donde docentes y alumnos van poblando los establecimientos educativos.

Alguno de los últimos que quedan por volver al ruedo son los empleados de oficinas públicas. No obstante, el Gobierno formalizó, mediante una resolución del Boletín Oficial, los requisitos para un retorno presencial a partir del 1 de septiembre. El mismo llevó la firma de la Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ana Gabriela Castellani.

A continuación, se detallan siete puntos a tener en cuenta sobre la reglamentación:

  • Los trabajadores estatales nacionales que tengan al menos una dosis de las vacunas autorizadas en la Argentina para combatir el Covid-19 podrán ser convocados de manera presencial.
  • Los empleados con inmunodeficiencias -pacientes oncológicos, con HIV, trasplantados y personas gestantes- quedan exceptuados de la obligatoriedad presencial.
  • Los trabajadores deberán ser notificados por un superior jerárquico 72 horas hábiles antes de su cumplimiento efectivo.
  • La medida permite sancionar a quienes hayan sido notificados para concurrir de manera presencial y no se presenten a trabajar.
  • El esquema de “presencialidad programada y alternada” consiste en trabajo presencial y remoto donde se van a contemplar las situaciones de las madres, padres, encargados o tutores de niñas y niños de hasta 13 años inclusive, que asistan alternadamente a los establecimientos educativos.
  • Los trabajadores que decidan no vacunarse también serán convocados al trabajo presencial y deberán firmar una declaración jurada donde expresen los motivos de su decisión.
  • La prestación de servicios presenciales a tiempo parcial no podrá ser menor al 50% de la jornada normal, habitual y permanente dispuesta para la categoría de cada trabajador o hasta veinte horas semanales.

ATE acompaña y pide garantías

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo “Cachorro” Godoy, aseguró a El Canciller que el gremio acompaña esta reglamentación del Gobierno nacional “siempre que se garanticen los protocolos que se establecieron en el marco de la discusión de convenio”.

El titular de ATE sostuvo que una de las condiciones para la incorporación progresiva del personal es “que no se agolpe en las oficinas ni en el transporte”. Y agregó que es necesario adaptar “las condiciones de los edificios y la infraestructura de cada organismo”.

Por último, “Cachorro” Godoy aclaró que el Estado deberá garantizar “la vacunación a todo el personal que todavía falta vacunar” y añadió que al Gobierno nacional se le pidió preservar “las burbujas para que el personal vaya rotando y no se amontone en un turno”.