Empezó 2018 con más complicaciones de las que le hubiera gustado, pero no es la primera vez que un gobierno lo denuncia en el medio de conflictos y palabras cruzadas. ¿Lograrán las causas judiciales terminar de romper el pacto de no agresión al que jugaban Hugo Moyano y Mauricio Macri?

OCA-GATE

La UIF está revitalizada después de lo desdibujada que quedó al comienzo de la gestión Cambiemos. Es el ariete del Gobierno contra Moyano. Su informe sobre el camionero terminó plasmado en una denuncia ante el fuero Penal Económico por la Procuraduría de Criminalidad Ecónomica y Lavado de Activos.

La denuncia es por evasión impositiva y lavado de activos. Involucra no sólo a OCA y a Hugo y Pablo Moyano sino a diferentes grupos empresario y al Club Atlético Social y Deportivo Camioneros. Una de las sospechas es que hubo transferencias de plata a la Mutual de Camioneros cuando la empresa de correos estaba en rojo.

De todas formas, aunque en el Gobierno celebraron que la causa fuera rápidamente sorteada, recién en febrero comenzarán a realizarse los pasos de rigor: un requerimiento de instrucción para que se inicie la investigación y que contenga, entre otras medidas, el levantamiento del secreto bancario y fiscal.

Parque Leloir

La otra punta del informe de la UIF quedó replicada en una denuncia en un juzgado federal de Morón. Ahí se apunta al entorno de Moyano y a las empresas en las cuales figuran. Dixey SA; Iarai SA y Aconra SA son tres empresas que se dedica a diferentes rubros (van de la construcción a lo médico) y que brindan diferentes servicios a Camioneros.

Las sospechas van directamente hacia dos casas en Parque Leloir de esas sociedades pero que, en realidad, utilizaría la familia Moyano. La UIF apunta a que se determine si la plata para comprar las propiedades salió de una posible sobrefacturación que harían las tres empresas por los servicios que le brindaban al sindicato.

La Hormiguita , su primera enemiga

Graciela Ocaña está feliz. El informe que la UIF le presentó al juez Claudio Bonadio parece descongelar una causa que llevaba tiempo sin movimientos. Moyano está imputado y la investigación aún intenta vislumbrar si hubo una "ingeniería empresarial” en la que parte de los fondos del sindicato y la obra social de Camioneros terminaban en las empresas del grupo familiar de Moyano. Entran en escena, otra vez, Dixey SA; Iarai SA y Aconra SA.

Bonadio ya tenía un informe puntilloso y preciso sobre este entramado. Se lo presentó la PROCELAC a través del fiscal del caso en septiembre de 2013. Está basado también en un informe que realizó (oh, sorpresa) la UIF, dirigida en ese momento momento por José Sbatella.

A menos que alguno de los jueces encuentre urgencia en los planteos, todo pasará a revisarse y analizarse en febrero, cuando termine la feria judicial. Mientras tanto, el sindicalista ve otra vez como un gobierno lo manda a tribunales. En la gestión anterior, ese ataque se tradujo en paros generales y marchas multitudinarias.