Después de que el Indec publicara el índice de pobreza del segundo semestre de 2018, que fue del 32%, el Gobierno apeló a un cálculo paralelo para intentar reducir el impacto, pero ya la UCA había estipulado el resultado con un número similar, del 31,3%.

La pobreza oficial medida mediante el ingreso alcanzó el 32% de la población, lo que implica que en Argentina hay unas 12,9 millones de personas pobres, casi 3 millones más que el año anterior, cuyos ingresos no alcanzan para hacer frente a los gastos de los servicios básicos. 

Por otro lado, la indigencia aumentó al 6,7%, casi dos puntos más que igual período de 2017, lo que representa unas 3 millones de personas en el territorio nacional que no tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades alimenticias primarias, 870 mil más que en el año anterior.

Frente a estas cifras, la Ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró en conferencia de prensa que "la pobreza duele” y que "hoy es un día triste”.

"Trabajamos todos los días para revertir esta situación, decidimos hablar y decir la verdad sobre este tema. Duele pero es importante hablar para poder transformar”, apuntó, en la medida que aseguró que el Gobierno trabajó para reducir la pobreza, entendida en todas sus dimensiones. 

En tanto el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, manifestó que los números son los coletazos de la crisis, pero que están convencidos de que el camino tomado por Cambiemos "es el que nos va a devolver al sendero de la recuperación, que quizás sea más moderado”.

El 32% del Indec es una cifra mensurada por ingreso, que no tiene en cuenta contexto socioambiental, situación urbanística, ni estado de servicios básicos como cloacas, agua corriente, gas, transporte o vivienda. A ese cálculo apeló el Gobierno con intenciones de reducir el golpe de las altas cifras.

Sin embargo, el lunes pasado el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer el resultado de ese análisis multidimensional, en el que se incluyó el nivel de desempleo, inseguridad social, viviendas precarias, en condiciones de hacinamiento o con déficits de servicios sanitarios y población sin servicios básicos, entre otras cosas.

El porcentaje fue similar, del 31,3%, y marca casi 5 puntos más que en 2017, lo que implica que unas 12,7 millones de personas tienen carencias estructurales importantes.