La industria de la construcción en la Argentina está luchando por la supervivencia. Según el Indec, en febrero de este año la actividad se derrumbó un 22,1% interanual, lo que supone la retracción más importante en un año. El sector acumula 18 meses en recesión y ha perdido, en ese período, 100.000 trabajadores. En el primer bimestre del 2020, cayó 17,8%. La situación se agravará en los meses venideros, acarreada por la pandemia del coronavirus.

Frente a este contexto caótico, el Gobierno escuchó el reclamo de la Cámara Argentina de la Construcción. El viernes pasado, declaró a quienes trabajan en la venta de insumos y materiales del sector como empleados "esenciales". Este fin de semana, al decretar la prolongación de la cuarentena obligatoria hasta el domingo 26 de abril, se incluirá a la obra pública entre las actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Según precisó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el Gobierno reactivará el próximo lunes el trabajo en rutas, obras hídricas y municipios.

Desde la cúpula de la Cámara de la Construcción catalogan al panorama de espantoso. El déficit de la actividad inició en el primer cuatrimestre de 2018, tiempo en el que el Estado nacional se volvió insolvente y debió recurrir al préstamo más cuantioso de la historia del FMI. Las obras públicas, que siguieron recibiendo inyección gubernamental, tienen un promedio de atraso de entre tres y cuatro meses en sus ejecuciones.

El sector privado, sin reposición de carteras y con costos generales latentes de las empresas, está sumido en el descalabro. Si el inicio de proyectos era escaso en los meses anteriores producto de la incertidumbre sobre el plan económico de la Casa Rosada, la explosión de la pandemia profundizó la parálisis.

Los despidos, el primer antídoto

Una voz central en la toma de decisiones del sector apunta una ecuación lógica. Las empresas, al quedarse sin trabajos, resisten los despidos como pueden. Hasta que no les queda otra salida. De acuerdo al último informe del Indec, en los últimos 12 meses se perdieron 70.104 puestos laborales (la reducción fue de 434.260 a 364.156).

Techint, paradigma de la actividad, cesanteó a 1.450 empleados apenas comenzada la cuarentena obligatoria. El Gobierno nacional, con un enojo exteriorizado en el propio Alberto Fernández, reaccionó con dureza: promulgó la prohibición para despedir personal por 60 días. Pero las empresas no obedecen la ley.

"No hay otro remedio, es existir o no existir. Las compañías están en un limite en el que no pueden trabajar, facturar ni cobrar. Entre dejar de existir o hacer algo ilegal, prefiero hacer algo ilegal", asegura un ejecutivo del sector.

Aval a Fernández

De todos modos, desde la Cámara de la Construcción ponderan la actitud del Presidente. "El Gobierno tiene muchísima buena voluntad, está poniendo una garra enorme, pero el contexto es dificilísimo", reconocen.

Y si bien agradecen la flexibilización que se otorgará para la obra pública, las previsiones no son optimistas. "La reactivación requiere que los trabajadores quieran y puedan ir a trabajar. En esta situación, el miedo al contagio es muy fuerte y el transporte no funciona de manera adecuada. No se cumple ni una ni la otra", lamentan.