Quintana, entre el desembarco de Farmacity en la Provincia y la presión a Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda

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La Justicia con sus fallos y resoluciones suele incomodar o acariciar a los políticos de turno. En este caso, una decisión del procurador interino, Eduardo Casal, sorprendió con un dictamen sobre la Ley de Farmacias que le allana el terreno al desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires.

El expediente ahora está en manos de la Corte Suprema, que tendrá que resolver si finalmente le da luz verde al dictamen que declaró inconstitucional el artículo de la Ley que prohíbe la instalación de la cadena vinculada al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Desde la cadena farmacéutica buscan expandirse en territorio bonaerense y esperan con expectativas la definición del máximo tribunal. En caso de que avance el guiño de la Corte, Farmacity busca instalar un importante número de locales en la Provincia y aumentar el valor comercial de la empresa.

Según apunta Ambito.com, el conflicto entre la cadena relacionada con Quintana y el gobierno bonaerense tuvo su primera batalla en 2010, cuando quisieron instalar una sucursal en Pilar. ¿Por qué no fue posible? La legislación prohíbe la explotación de farmacias de fondos de inversión.

En este contexto, Farmacity cosechó derrotas en todas las instancias judiciales de la provincia. Parecía una misión casi imposible pero igual presento un recurso de queja (una última chance) ante la Corte Suprema para que se revise su caso.
Con dos jueces menos (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se excusaron de participar por vínculos con la empresa), la Corte tiene en sus manos la decisión. El dictamen de la Procuración (hecho por la procuradora ante la Corte Laura Monti y no por Eduardo Casal, el Procurador General que reemplazó a Gils Carbó) no es vinculante.

Es decir, más allá de que la Procuración sostiene que el derecho a la salud está por encima de todo, la Corte puede desoír ese dictamen y fallar como quiera. Hay un antecedente interesante: el año pasado, los cinco jueces firmaron para que se continúe una causa de Mendoza contra Farmacity iniciada por los farmacéuticos de la provincia.

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda quedaron en posición de decidir una causa que, saben, tiene muchísimo de política por el rol que ocupa en el Gobierno una cara visible de la compañía.

Según fue declarado ante la Oficina de Corrupción en el 2016, Quintana sustenta actualmente el 3 por ciento de las acciones de Farmacity con una participación valuada en un millón de pesos, aunque se presume que su fortuna creció de manera considerable.

El comunicado de los farmacéuticos

Los farmacéuticos no dejaron lugar a las expeculaciones y salieron rápidamente a cuestionar la posible llegada de Farmacity en la Provincia. Calificaron de “escandaloso” el dictamen, al que resaltan que “no es vinculante” y que la Corte puede dictar una sentencia “completamente diferente”.

Y agregan: “La salud no es una mercancía, las farmacias constituyen un servicio público y el medicamente es un bien social. El dictamen es contradictorio con las sentencias”.
“Ahora debemos esperar que “la Corte sostenga el modelo sanitario ejemplar en lugar de privilegiar a una corporación que cuenta con el respaldo del poder político de turno”, apunta el texto y dirige todas las balas hacía el vicejefe de Gobierno, Mario Quintana.

El dictamen de la Procuración