Luego de que se conociera un documento donde el canciller iraní Mohammad Javad Zarif le decía a la Cancillería Argentina que el objetivo del Memorándum era ponerle fin a las alertas rojas de Interpol, la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman cambió.

A través de sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, se presentó un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura donde se acusa a Claudio Bonadio de manipular de forma "delictiva” los hechos y las pruebas que hay en la causa. En combo, apelaron también los procesamientos y las preventivas, situación que tendrá que ser evaluada por la Cámara Federal.

La estrategia de Cristina era, al comienzo, llegar lo más pronto a juicio oral y recurrir, en todo caso, a tribunales internacionales. El pedido de juicio político no es el primero que el juez tiene y se basa en tres ejes: el prevaricato, el mal desempeños en sus funciones y la imposición de la prisión preventiva como trato cruel y denigrante en el caso de Héctor Timerman.

Prevaricato es cuando un juez dicta un fallo con el conocimiento de que es injusto y contrario a la ley. Aquí entra en juego la calificación de "traición a la patria”, el delito por el cual fueron procesados Cristina, el ex canciller y los otros diez acusados. En el escrito, se encargaron de explicar que Argentina nunca estuvo en guerra con Irán, por lo que la acusación por traición es "una vuelta al despotismo”.

"En los últimos tiempos pareciera a veces que hay jueces que deciden lo que creen que tienen poder para hacer, sin detenerse ante ningún límite constitucional”, citaron en el fallo. Como ejemplo de mal desempeño, sostuvieron que Bonadio omitió cumplir con lo que la defensa y el caso le exigían: llamar como testigo a Ronald Noble, ex secretario de Interpol.

A pesar de que Bonadio jamás pudo preguntarle sobre el memorándum o sobre si Argentina pidió que se levantaran las alertas rojas, el juez lo acusó de "prestar colaboración” a los imputados. En una entrevista que dio hace algunos días, Noble repitió lo que ya había dicho cuando salió la denuncia de Nisman: Argentina siempre sostuvo las alertas, nunca pidió que se levantaran e Interpol tampoco lo hizo.

En esa misma línea fueron planteadas las apelaciones a los procesamientos de Cristina y Timerman. "Es falso que el memorando haya obstaculizado la actuación de la Justicia ni estorbado o impedido el ejercicio de ninguna función pública que persiguiera esos fines”, sostuvieron y afirmaron que el fallo de Bonadio es improcedente, arbitrario y "desconoce absolutamente todas las garantías y principios consagrados por la Constitución Nacional”. 

El Consejo de la Magistratura, donde el oficialismo tiene un bloque de votos casi asegurado, deberá evaluar ahora la denuncia. Mientras tanto, la Cámara Federal deberá ponerle fecha a las audiencias por procesamientos y preventivas. Están en cuenta regresiva: sólo quedan diez días hábiles antes de la feria judicial.