En febrero de 2015, un mes después de la muerte de Alberto Nisman, Eduardo van der Kooy publicó una inquietante noticia al respecto: “en ámbitos de inteligencia, policiales y diplomáticos otra especulación parece tomar cuerpo. ¿Cuál sería? La de que un comando venezolano-iraní (con adiestramiento cubano) podría haberse cobrado la vida del fiscal”. Nunca supimos si los miembros del comando se comunicaban entre sí en farsi o en español con acento caribeño, ni cómo hicieron para entrar y salir del departamento del fiscal sin dejar rastro alguno, ni tampoco por qué el autor intelectual de la operación habría optado por un sistema tan complejo- que involucraba a tres Estados- para deshacerse del fiscal. En realidad, el verdadero interés de la noticia residía en su costado imaginario más que en una verosimilitud que nadie exigía.

Un año más tarde, luego de la victoria de Cambiemos en las presidenciales del 2015, el periodista Nicolás Wiñazki publicó una columna en Clarín en la que denunció una intimidación a María Eugenia Vidal, de la que habría sido informada por su propio cartero: "Tenés que saberlo. Durante meses hubo gente que me paraba acá cerca y me obligaba a mostrarles las cartas que llevaban tu nombre: te leyeron todo”. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires no supo quiénes estaban detrás del hecho pero, según el periodista, "intuye que en esta trama estuvieron involucrados los más poderosos funcionarios del Estado K, reconstruyó Clarín en base a fuentes oficiales."

Nacía así el Cartero de Vidal, un personaje entrañable digno de John Le Carré, que por supuesto no generó investigación judicial alguna pese a tratarse de la confesión de un grave delito federal. No sabemos si “los más poderosos funcionarios del Estado K” se paseaban con una pava con agua caliente para abrir los sobres y con una brocha con engrudo para luego pegarlos, ni cual podría ser el interés de revisar los documentos que en el siglo XXI transitan por el correo, como las facturas del gas, las promociones del ACA o la revista del cable; pero nada de eso tiene importancia ya que, como en el caso del temible comando venezolano-iraní, el objetivo es incentivar la imaginación y no el análisis. 

Hace unos días, el periodista Horacio Verbitsky publicó en su portal El Cohete a la Luna una investigación sobre la supuesta extorsión de Marcelo D´Alessio, un allegado al fiscal Carlos Stornelli, al empresario Pedro Etchebest. La cantidad de indicios como audios, videos y mensajes entre los involucrados supera a la media de las investigaciones habituales de nuestros medios serios que sin embargo logran una repercusión mayor y, sobre todo, transforman a los acusados- por lo general kirchneristas- en culpables.

En este caso ocurrió al revés. En efecto, el paradigma de nuestros medios serios sostiene que la denuncia contra un kirchnerista lo transforma en culpable mientras que la denuncia contra un oficialista transforma en culpable al denunciante.

Siguiendo la modalidad conocida como Nado Sincronizado Independiente (NSI), funcionarios de Cambiemos, miembros del Poder Judicial y periodistas serios defendieron con similar ahínco el buen nombre y honor del fiscal. Incluso la hasta ahora afónica Asociación de Fiscales (AFFUN) pidió “prudencia especial ante las versiones de estos días”, demostrando que nunca es tarde para descubrir la inocencia presunta.

Luego de unos días de un cierto desorden argumentativo, Carlos Stornelli le explicó al auxiliar de fiscalía Joaquín Morales Solá que "una hipótesis es que la operación la hizo una persona que está detenida". Al parecer, desde la cárcel, un detenido kirchnerista obligó a D´Alessio a extorsionar al empresario Etchebetz y a Stornelli a hablar y reunirse con D´Alessio. Es un preso todopoderoso, una especie de Isidro Parodi que no resuelve casos desde la cárcel sino que los lleva a cabo.

Como el comando venezolano-iraní y el Cartero de Vidal, el nuevo Isidro Parodi no busca incentivar el análisis sino consolidar las certezas y multiplicar la indignación.

El próximo Premio FOPEA al periodismo fantástico deberían contemplar entre los candidatos a fiscales, jueces, funcionarios y servicios. Sería una justa retribución a un trabajo que al fin y al cabo se realiza en equipo.