Después del conflicto con los senadores por la ley anti tarifazo que terminó siendo vetada por el oficialismo y el congelamiento del precio del boleto del subte que dictó la Justicia porteña, el Gobierno recibe otra traba judicial que va en contra del plan de ajuste y equilibrio fiscal que va en línea con el pedido de financiamiento de 40 mil millones que está a punto de firmar con el Fondo Monetario que preside Christine Lagarde.

Puntualmente, los magistrados dictaron que, en marzo de este año, cuando se otorgó la recomposición de haberes jubilatorios utilizando la fórmula de movilidad establecida por la ley 27.426 (que fue aprobada en diciembre de 2017 en la reforma previsional que le significó un alto costo político al oficialismo), debió haberse mantenido la fórmula vieja debido a la retroactividad.

La declaración contra ese punto de la reforma corrió por parte de los jueces Martín Laclau y Rodolfo Milano, integrantes de la sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Los magistrados sostuvieron que el cálculo para los haberes de marzo, denominado ‘cláusula de anclaje’, estuvo mal hecho, por lo que el Gobierno deberá devolverle a los jubilados el 9% que les descontó y que eran el eje central del "ajuste” que pagaría los Fondos del Conurbano.

En la parte resolutiva, el tribunal consideró que el artículo dos de la reforma previsional es "no aplicable a los haberes devengados entre el 1 de julio y el 29 de diciembre del 2017" y ordenó"dentro de los treinta días de quedar firme este pronunciamiento, reliquide, conforme a lo dispuesto por la Ley 26417, los haberes del actor correspondientes al citado período, y se pongan al pago las cantidades resultantes, previo descuento de las sumas ya abonadas por aplicación de la Ley 27.426".