Bajo la iniciativa de reformar el sistema de coparticipación de los impuestos a los combustibles líquidos y la regulación de los repartos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los gobernadores aceleraron y metieron más presión al Ejecutivo tras la falta de acuerdo con el ministerio de Economía. En las últimas horas, se formalizó la presentación en el Senado de dos proyectos de ley para fortalecer los fondos de las provincias.

Las propuestas fueron respaldadas por todos los bloques de la oposición, inclusive aquellos que son aliados a los libertarios. De esta forma, en caso de asegurarse los dos tercios de los votos requeridos tanto en la Cámara alta como en Diputados -como prevén tras haber rubricado su acuerdo días atrás los mandatarios provinciales-, el presidente Javier Milei no podría vetar esas normativas.

La decisión la tomaron las 24 jurisdicciones de manera conjunta, en el marco de la creciente tensión con el Gobierno nacional, después de una reunión. Las iniciativas ingresaron al Congreso con las firmas del senador José Mayans, de Unión por la Patria; Eduardo Vischi, por la UCR; Alfredo De Ángeli, del PRO; Fernando Salino, por el bloque Convicción Federal; Carlos "Camau" Espínola, de Provincias Unidas; y miembros de otras fuerzas locales, como Mónica Silva, de Río Negro. Dentro de cada bancada hubo otros legisladores que se sumaron con su sello, como el radical Martín Lousteau (UCR) y la kirchnerista Juliana Di Tullio.

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Por un lado, una de las iniciativas le añadiría a la Ley Permanente de Presupuesto un artículo para garantizar la "distribución automática de los recursos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, incorporándolo a la masa de fondos coparticipable".

A sabiendas de que el Gobierno tendrá como prioridad el cuidar el superávit fiscal, en el documento subrayaron que se tratan de "recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios", por lo que "no afecta a las finanzas públicas nacionales", según insistieron desde el texto a tratar próximamente en el Parlamento.

En tanto, los gobernadores aspirarán a disolver los fideicomisos del sistema de Infraestructura de Transporte y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, ambos creados en 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa. En la misma oleada buscarán purgar el Sistema Vial integrado; el Fondo compensador del Transporte; el Fondo Nacional de la Vivienda; y el Fondo especial del Desarrollo Eléctrico del interior.

La norma estipula que los recursos en cuestión, con la excepción de los combustibles líquidos, serían distribuidos de acuerdo a la ley de Coparticipación: un 14,29% será para al Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias, y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social que será destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales. Así, los fondos de las provincias se repartirán un 25% entre las jurisdicciones y el 75% de la acuerdo a los índices de coparticipación.