En una nueva muestra del ejercicio de su poder de veto, Javier Milei descartó este martes por completo la ley de emergencia para Bahía Blanca, sancionada por el Congreso de la Nación para asistir a las víctimas del trágico temporal que devastó la zona el pasado 7 de marzo. Esgrimiendo una serie de argumentos, pero sobre todo la capacidad del Ejecutivo de dar marcha atrás unilateralmente con lo establecido por ambas cámaras del Poder Legislativo, el Presidente dejó sin efecto lo previsto en ese texto para la reconstrucción de la zona y la asistencia a los más afectados.

La decisión del Jefe de Estado quedó plasmada -con firmas acompañantes de Guillermo Francos y Patricia Bullrich- en el Decreto 424/2025. La normativa habilitaba justamente la derivación de fondos especiales para volver a poner de pie a la localidad del sur de la provincia de Buenos Aires después de las inundaciones que causaron 18 muertes y pérdidas millonarias a sus pobladores ante la caída de 400 milímetros de agua en pocas horas.

El proyecto registrado bajo el Nº 27.790 había sido aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, pero ahora el Gobierno nacional esgrimió cinco fundamentos centrales para desestimar lo acordado por los legisladores, quienes -impulsados por la oposición- estuvieron de acuerdo en ambos casos en sancionar la ley.

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Por un lado, la Casa Rosada señaló que la iniciativa resultaba de "imposible cumplimiento" en lo que respecta a atender a Coronel Rosales, debido a que esa área no quedó incluida dentro de los "límites del programa" en base a los "informes producidos por organismos técnicos, como el Servicio Meteorológico Nacional".

Además, argumentó que el Estado nacional ya "intervino, en el marco de sus competencias, con el objeto de morigerar y mitigar los daños" en la "zona establecida como la más afectada, y se relevaron los sesenta y seis (66) barrios con mayor afectación de agua".

En otro punto, destacó que "el proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones", el cual consideró un "requisito necesario", ya que "de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias" los gastos no previstos en el presupuesto general "deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán". 

Este último es uno de los aspectos más citados por Milei y su equipo para desestimar cualquier ley aprobada por el Congreso con la que no está de acuerdo, como sucedió anteriormente con la de aumentos a los jubilados y al presupuesto de las universidades.

Asimismo, otro de los blancos para descartar la emergencia bahiense fue que ya se implementó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que el Banco de la Nación ya tiene facultades para otorgar asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas damnificadas. En este caso citó el Decreto N° 238/25 para la reconstrucción, y agregó que el ministerio de Seguridad -encargado de aplicar esa medida- ya se encuentra en la "etapa final" de ejecución de ese fondo especial dispuesto, de $200.000 millones.

Por último, puntualizaron que la Constitución faculta al Jefe de Estado -en su artículo 83- para vetar proyectos de ley y añadieron que esta ha sido "una práctica común" en los últimos 40 años. Con esto, el texto desechado volvió a girarse al Parlamento, que podría insistir con la norma si consigue una mayoría calificada, de dos tercios de los votos de sus miembros.

En síntesis, esos fueron los motivos por los cuales las autoridades nacionales consideraron "oportuna y necesaria la observación total del proyecto de ley sancionado, en tanto está dirigido a destinar al auxilio de los mismos beneficiarios del programa de asistencia instaurado por dicho decreto una cantidad de recursos del Tesoro equivalente al monto ya asignado y mayoritariamente ejecutado por decisión del propio Poder Ejecutivo nacional en el marco del referido decreto". Este "implementó las medidas que pretendían ser adoptadas por medio de la sanción como ley".

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, expresó tras el revés que buscará comunicarse con Milei para pedirle los fondos vetados, al manifestar que su ciudad "tiene derecho a renacer" y que "el veto no puede significar el cierre del capítulo".