Marina Kienast, legisladora porteña por Republicanos Unidos, presentó un proyecto de Ley para que las provincias de aquellos ciudadanos que usen los servicios sanitarios y educativos de la Ciudad de la Autónoma de Buenos Aires (CABA), reintegren los gastos al Gobierno porteño.

El objetivo del proyecto, según se detalla en el primer artículo, es crear "el Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional entre la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias de la República Argentina, que abarca al sistema de Salud Pública y de Educación Pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires".

Con respecto a la salud, en la iniciativa se plantea que “los establecimientos del sistema de salud público de la CABA deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe”, cuando “una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción” sea atendido en un centro asistencial. También, se deberá informar sobre “la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones”. Además, el proyecto señala que se remitirán en forma mensual “los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”.

Con respecto a cuestiones educativas, se detalla que “los padres o tutores cuyos hijos o niños tutelados estén domiciliados fuera” de la CABA “que inscriban alumnos en el sistema de Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires, deberán registrarse en la página web que habilite el Gobierno de la Ciudad para acceder a las vacantes, en el que se considerará la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes". Posteriormente, una vez adjudicadas las vacantes, "se remitirá a la Administración de la provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados mensualmente”.

Legislatura porteña: se presentó un proyecto para arancelar la educación y la salud a usuarios de otras provincias

¿Qué dice la autora? 

En diálogo con El Canciller Kienast explica que "el objetivo es implementar convenios recíprocos entre jurisdicciones provinciales a fin de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no gaste su presupuesto público para brindarle servicios a ciudadanos de otras jurisdicciones, dado que eso perjudica a los contribuyentes porteños".  

La Legisladora argumenta que "en muchos casos los ciudadanos que usan escuelas porteñas o se atienden en hospitales públicos de la Ciudad provienen de municipios como Quilmes, Avellaneda y La Matanza, donde los hospitales y las escuelas se caen a pedazos". 

Por último, la diputada porteña remarcó que “el consumidor final no tiene que pagar al momento de usar el servicio, la idea es que se abone mediante una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor y la CABA”.