El Gobierno denunció a los acusados por los incidentes y exigió el apartamiento de la jueza Andrade
El ministerio de Seguridad nacional acusó a los manifestantes por asociación ilícita agravada y atentado al orden democrático. La ministra Patricia Bullrich cargó también contra "los que protegen".
A través de un escrito presentado ante la Justicia Federal, el ministerio de Seguridad nacional, encabezado por Patricia Bullrich, denunció a los detenidos en la protesta del miércoles frente al Congreso por sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática. Además, solicitaron el apartamiento de la causa de la jueza Karina Andrade, que ordenó la liberación de los manifestantes.
El texto lo presentó el Director Nacional de Normativa del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto. Allí expone que las consignas reivindicativas que difundieron las hinchadas previo a la marcha confluyeron en enfrentamientos e incidentes liderados por grupos organizados, entre ellos integrantes de barras bravas, dirigentes políticos y sindicales.
En su cuenta de X, Bullrich anunció la decisión, haciendo referencia a la magistrada implicada: "Denunciamos a los violentos y a los que protegen".
"A los grupos violentos, financiados y movilizados desde municipios, que intentaron desestabilizar el orden constitucional y atacar a nuestras fuerzas de seguridad, los denunciamos por Sedición, Atentado al Orden Constitucional, a la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada", detalló.
Cabe aclarar que la acusación alcanza a múltiples actores y sectores sociales -incluyendo clubes e intendencias-, a los que se imputa de llevar a cabo una organización premeditada para perpetuar actos violentos durante la marcha convocada en apoyo a los jubilados.
Bullrich reivindicó: "La Argentina no será más rehén de los mismos de siempre. A los piqueteros, barras bravas, militantes kirchneristas y de izquierda, a los agitadores que promueven el caos se les acabó la impunidad. Las hacen, las pagan".
"Además, exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia. Ley y orden", escribió con respecto a la magistrada.
De acuerdo al escrito que presentó el ministerio de Seguridad nacional, la jueza habría solicitado que dejen en libertad a los arrestados a través de un mensaje de WhatsApp. Además, se la acusa de no haber revisado las pruebas ni haber verificado los antecedentes penales de los implicados, que incluían, entre otros, delitos graves como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes.