La condena a Cristina (Kirchner) es un cepo al voto popular". Con este título, el Partido Justicialista (PJ) definió la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que deberá cumplir de manera efectiva la dos veces presidente de la Nación después de que la Corte Suprema dejara el martes firmes los fallos dictados en 2022 y 2024 por el Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad.

En un comunicado difundido este miércoles, el PJ consideró que la resolución del Máximo Tribunal de "proscribir a la presidenta" de la fuerza política reviste "un nivel inédito de gravedad institucional". "No estamos frente a un fallo judicial, sino frente a un acto de carácter antidemocrático. La democracia que hemos sabido construir en estos 40 años está sostenida en el firme principio del derecho ciudadano a ejercer libremente la soberanía popular", destacó.

"La decisión de ponerle un cepo al voto popular va contra los preceptos sobre los que fundamos nuestro país y nuestra Constitución. No perjudica a una dirigente ni a un partido político en particular. Es un hecho que daña profundamente la credibilidad de las instituciones argentinas y que debe despertar el repudio de todos los espacios políticos de la Argentina", subrayó la nota.

Cristina salió al balcón para saludar a la militancia (Video: TN).

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El PJ se declaró "conocedor de proscripciones, detenciones ilegales, fusilamientos, bombardeos y desaparecidos". "No será la primera vez que el poder económico de la Argentina intente resolver de manera ilegal, irregular y anticonstitucional su problema principal: la existencia de una fuerza política, el peronismo, que se plantea ante los argentinos como una alternativa a su modelo excluyente y fracasado", consideró.

En ese sentido, la fuerza política fundada por el tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón convocó a todos sus "militantes, a quienes consideran que hay una alternativa a este modelo económico y a todos los argentinos que creen en el derecho del pueblo a elegir a sus representantes, a pelear por dejar atrás la Argentina de la persecución".

La exmandataria, quien tiene cinco días hábiles para presentarse a la Justicia y quedar detenida, se encuentra en su vivienda del barrio porteño de Constitución, donde cientos de militantes hacen una vigilia desde la noche del martes.

Carlos Beraldi, su abogado, quien ya presentó el pedido de prisión domiciliaria, adelantó este miércoles que recurrirá el fallo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo tribunal puede tardar años en dictar una resolución, que, además, no es vinculante.

La decisión del Máximo Tribunal se produjo una semana después de que la exjefa de Estado anunciara su candidatura a la Legislatura bonaerense.