Además de aumentar la tensión entre el oficialismo y su principal socio político, el PRO, y los cuestionamiento de la oposición dialoguista, la caída por segunda vez consecutiva de la sesión de la Cámara de Diputados que el jueves pasado planeaba dar media sanción a Ficha Limpia provocó el malestar de buena parte del arco empresarial.

La primera en reaccionar fue AmCham, que el viernes muy temprano expresó su "profunda preocupación por la falta de quorum en el tratamiento de la iniciativa" que busca impedir que cualquier persona condenada en segunda instancia por corrupción pueda competir en elecciones para ejercer cargos públicos.

"La institucionalidad es un factor clave para una Argentina viable", afirmó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, a la vez que alentó "los proyectos que promuevan la transparencia y la fortaleza de las instituciones, pensando en un país con bases sólidas". "Combatir la corrupción no debe estar subordinado a intereses partidarios. Necesitamos un compromiso colectivo para construir un sistema justo y transparente, y reconstruir así la confianza en la democracia", agregó.

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En las últimas horas se sumaron al descontento otras cámaras empresariales. "El proyecto Ficha Limpia es muy importante y oportuno, ya que contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia republicana. Estamos esperanzado en que la dirigencia política acuerde su pronta implementación", aseguró Jaime Campos, de la Asociación Empresaria Argentina (AEA)

Por su parte, el titular de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, sostuvo que "quienes le robaron a la Patria no pueden conducir su destino". "Aquella persona que aspira a ocupar un cargo público debería tener una foja de servicios intachable", opinó.

"Lamentablemente, los argentinos hemos visto numerosos casos de políticos cuyas gestiones estuvieron signadas por flagrantes actos de corrupción. Muchos de ellos, tras esas manchas imborrables, volvieron a presentarse a cargos electivos e incluso resultaron electos", recordó.

Para el dirigente empresarial, "todo esto le hace muy mal a la República". "Necesitamos una Justicia independiente y ágil que castigue con celeridad y contundencia a los corruptos, a la par que sería muy positivo establecer mecanismos para que los condenados por tales delitos no puedan presentarse a elecciones", profundizó. 

"Que el Congreso aún no haya podido sancionar una norma al respecto es una frustración, pero confío en que la voluntad que expresó el Ejecutivo de promover un proyecto en esta dirección, más temprano que tarde, será una realidad. El mecanismo que se establezca debería tener el mayor consenso posible, para que no se interprete que es un ataque a ciertas ideas o partidos. No se trata de proscribir a ningún espacio; tan solo se trata de proscribir el latrocinio", concluyó al aludir a la alternativa superadora que propone el oficialismo.

Santiago Mignone, presidente de IDEA, fue otro de los empresarios que mostró su disgusto por lo ocurrido en la Cámara baja: "Lamentamos la falta de tratamiento del proyecto en Diputados".

"Como voz del sector empresario, creemos que muchos de los problemas económicos y sociales de la Argentina son también producto de una institucionalidad débil. Reglas claras, transparencia y respeto de las instituciones son la base de un clima de negocios que permita recuperar la inversión y la generación de empleo", añadió.